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Personería imputó cargos a exgerente de la Gestora Urbana y dos exfuncionarios por firma del contrato del portal de San Gabriel

El contrato para la construcción de los apartamentos de interés social para periodistas y servidores públicos fue liquidado unilateralmente a finales de 2018.
Ibagué
Autor: Redacción Ibagué
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Redacción Ibagué

La Personería de Ibagué formuló cargos a la exgerente de la gestora Urbana Piedad Lorena Velásquez en el marco de la firma del contrato 018 de 2014 suscrito con la firma Ávila Ltda para la construcción del proyecto de interés social para periodistas y empleados públicos de Ibagué denominado Portal de San Gabriel.

La decisión vincula al exjefe de la Oficina de Vivienda Juan Carlos Granados, en calidad de supervisor del contrato y el exjefe de la Oficina Jurídica Rafael Fuertes Arias quienes habrían avalado la modificación del contrato inicial. La conducta fue calificada como gravísima e imputada como culpa gravísima.

Bajo el contrato 018, la Gestora Urbana había asumido la construcción de las obras de urbanismo. Sin embargo, con la modificación se trasladó la responsabilidad al contratista.

Según la Personería, con el contrato adicional, no solo hubo un presunto cambio irregular e injustificado del objeto y de las obligaciones de las partes, sino también de la destinación de los dineros y que estaban a cargo de la Gestora Urbana.

Se agrega que, esta acción refleja una desatención a las normas de obligatorio cumplimiento como lo son los principios rectores de la contratación y de la función pública, los pliegos de condiciones del proceso que originó la suscripción del contrato y los convenios interadministrativos suscritos con la Gobernación del Tolima.

La Personería compulsó copias a la Procuraduría Regional para que se investigue los hechos en la ejecución del convenio 680 del 4 de agosto de 2014 celebrado entre la Gestora Urbana y el Departamento.

Bajo este convenio la Gobernación del Tolima giró recursos por $1.830 millones para asignar 300 subsidios a los beneficiarios del proyecto de vivienda.

Sin embargo, los dineros fueron empleados en el adelanto de las obras de urbanismo. Esta transacción se logró mediante una modificación del contrato de fiducia

Según un informe realizado en 2017 al contrato y obras del proyecto, la Gestora Urbana avaló pagos a la Constructora Ávila por la suma de $1.152.675.933.

El valor estimado del proyecto era de $24.948.000.000 y sin que excediera los 23 de meses de ejecución.

A través de la resolución 303 del 16 de noviembre, la Gestora Urbana liquidó unilateralmente el contrato e impuso una multa por $175 millones  al constructor.

Finalmente, se ordenó compulsar copias a la Fiscalía General, para que se investigue la conducta de los involucrados teniendo

en cuenta que pudieron incurrir en una vulneración a la ley penal en materia de contratación estatal.

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