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Personería estudia proceso disciplinario del uso indebido de la camioneta del Secretario de Gobierno de Ibagué

El hecho podría tipificarse como comportamiento de peculado por uso, al igual que la presunta utilización del estadio para un evento privado del Alcalde Hurtado.
Ibagué
Autor: Stephanía Rodríguez
Autor:
Stephanía Rodríguez

La Personería Municipal analiza la denuncia realizada por EL OLFATO en la que el Secretario de Gobierno de Ibagué, Carlos Portela, habría utilizado la camioneta asignada a su dependencia para realizar acompañamiento ciclístico y transportar bicicletas.

La camioneta de placas OET 004 fue captada en imágenes este domingo cuando se encontraba parqueada en instalaciones del Parque Deportivo. En ella habían dos bicicletas, una de ellas aparentemente del Secretario. (Ver: Camioneta del Secretario de Gobierno de Ibagué habría sido utilizada para hacer acompañamiento ciclístico y transportar bicicletas)

De acuerdo con Johanna Ardila, personera (E), la situación es estudiada teniendo en cuenta que podría tratarse de un uso indebido de bienes públicos.

“Este hecho claro que merece nuestra atención, inmediatamente conocí la noticia le corrí traslado a la personera delegada para la vigilancia administrativa y que se estudie la viabilidad de dar apertura de una actuación disciplinaria”, manifestó.

Según la funcionaria, en las próximas horas habrá un pronunciamiento por parte del Ministerio Público ante este caso.

Este hecho se presenta luego de que el concejal Rubén Darío Correa denunciara el pasado 6 de marzo el supuesto uso indebido de las instalaciones del estadio Manuel Murillo Toro para realizar una fiesta privada.

Las dos situaciones podrían violar el artículo 398 del Código Penal, pues se tipificarían como comportamientos de peculado por uso.

“El servidor público que indebidamente use o permita que otro use bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, o bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a setenta y dos (72) meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término”, dice la norma citada.

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