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La investigación que reveló que el Jamming estaba en bancarrota y, aún así, no se detuvo la ejecución del festival

“Ellos no tenían un peso para invertir, estaban súper endeudados”, explicó un contador forense quien indicó que, por cada $100 que tenía la empresa, debía $96.
Ibagué
Autor: Juan Esteban Leguízamo
Autor:
Juan Esteban Leguízamo
La investigación que reveló que el Jamming estaba en bancarrota y, aún así, no se detuvo la ejecución del festival

Un reporte financiero sería la pieza clave para que las autoridades definan si el organizador Buena Vibra Eventos se encontraba en bancarrota y, a pesar de todo, decidió seguir adelante con la realización del Jamming Festival 2022.

De acuerdo con el medio de comunicación Vorágine, en diciembre de 2021 los activos reportados por la empresa ante la Cámara de Comercio eran de $2.017 millones y las deudas eran de $1.946 millones. Es decir: por cada $100, $96 estaban endeudados. Era la crónica de una muerte anunciada. (Ver investigación completa de Vorágine)

“Es imposible que una empresa pueda respaldar un festival de las dimensiones del Jamming si tiene el patrimonio de esta organización, que en el reporte de diciembre de 2021 era de $71.112.339”, indicó un contador forense consultado por ese medio.

Luego agregó: “Ese valor no sirve ni para hacer publicidad masiva en vallas. De acuerdo a lo que leo, ellos no tenían un peso para invertir, estaban súper endeudados”.

Esta información fue obtenida a partir de una revisión a los formularios del Registro Único Empresarial Social (RUES), firmados en diciembre de 2021 por el propio dueño, Alejandro Casallas.

Dicho de otro modo: él era consciente de la situación financiera de su empresa y aún así, en esa fecha, diciembre de 2021, el festival anunció con bombos y platillos a través de sus redes sociales que quedaban pocas boletas disponibles, sacando adelante el evento.

“Lo plasmado en esos documentos no concuerda con las explicaciones públicas de los organizadores del evento, como la que dio Luis Alberto Casallas (padre de Alejandro Casallas) en una entrevista que el 10 de abril le concedió a Noticias RCN. Allí afirmó que los tres días de conciertos no se realizaron por amenazas contra la dirección del festival y para evitar desmanes que pudieran haber sido generados por la cancelación de varios artistas”, indicó Vorágine.

(Ver: "No quería tener mi conciencia manchada con sangre": dueño del Jamming dice que canceló el evento por amenazas de muerte)

Esa falta de fondos explicaría por qué ni siquiera alcanzaron a pagar por completo el arriendo del megaterreno en Playa Hawai, que todavía deben.

“Ellos me alcanzaron a pagar $250 millones, y me quedaron debiendo un saldo de $200 millones: $100 millones que se vencieron el 15 de febrero y otro monto igual que debían pagarnos a finales de marzo, después del evento”, dijo Juan Raúl Solórzano Mejía, dueño de Playa Hawai.

Y continuó: “adicional a eso me quedaron debiendo alimentación y hospedaje porque ellos trabajaron aquí en el parque, tanto la familia Casallas como los empleados de ellos que estaban haciendo acá todo lo de manejo de aguas, duchas, montajes de escenarios e instalación temporal de postes de energía”.

Estas irregularidades llevaron a Luis Garcés Escobar, abogado experto en derecho administrativo y contratación estatal, a señalar que Buena Vibra Eventos podría ser objeto de una auditoría fiscal que verifique si en los reportes entregados por la empresa a la Cámara de Comercio hay información falsa que esconde los verdaderos movimientos financieros de la empresa. 

“Cada paquete de entradas, en promedio por los tres días, costaba $600.000 por persona. Si esperaban unas 150.000 personas, ¿cuánto dinero se recaudó que no está consignado en los estados financieros informados a Cámara de Comercio? Estamos hablando de que las cuentas dan unos $90 mil millones, aproximadamente”, indicó Escobar.

Y por esa razón, aseguró que se podrían configurar y descubrir otros delitos como la malversación de dineros, lavado de dinero, concierto para delinquir, estafa, hurto agravado y falsedad en documento público al no reflejar sus verdaderos estados financieros.

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