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La historia detrás de la estafa a Ingrit Valencia y la venta ilegal de su vivienda en Ibagué

El verdadero propietario dio su versión de los hechos sobre el origen de la vivienda, el remate y, también, la estafa.
Ibagué
Autor: Juan Esteban Leguízamo
Autor:
Juan Esteban Leguízamo
La historia detrás de la estafa a Ingrit Valencia y la venta ilegal de su vivienda en Ibagué

Acevedo y Castro Inversiones (la verdadera propietaria de la célebre vivienda ubicada en La Florida 1) habló sobre la historia detrás de su venta ilegal por un valor de $150 millones.

El representante legal de la empresa, Sebastián Acevedo, dio su versión de los hechos sobre los orígenes de la casa, el remate y, también, la estafa a Ingrit Valencia que le dio la vuelta al país. Este es su relato. (Ver: Boxeadora olímpica denunció que fue estafada al comprar una casa de $150 millones en Ibagué).

“Nosotros somos un grupo de empresarios y de inversionistas que hacemos negocios mediante los procesos jurídicos que atraviesan inmuebles. Por eso accedemos a remates, a compras de derechos y carteras castigadas. Esta casa fue una de ellas”, señaló Acevedo.

Acto seguido, el empresario explicó que la dichosa vivienda fue sometida a un proceso de embargo y secuestro porque sus anteriores propietarios se 'colgaron' con la deuda del banco. Fue ahí cuando fue sometida a una serie de remates públicos, que dieron origen a la estafa.

“La primera licitación salió en septiembre de 2020. Fue desierta, es decir, no hubo postores. En diciembre de 2020 hubo una segunda oferta, tampoco se ofreció nadie. Y en febrero de 2021 fue el tercer remate público, nosotros hicimos nuestra oferta económica y nos fue adjudicado este inmueble”, manifestó.

Fue ahí cuando al acceder al expediente de esta vivienda –dijo Acevedo– comenzaron a notar irregularidades por parte de ‘Joldar Consultores SAS’, quienes eran los secuestres encargados por un juez de administrar (más no de vender) el inmueble.

“Se evidenciaba un contrato de arrendamiento al señor Dairo Arias Carvajal. Lo que causaba mucha curiosidad es que era un contrato por un valor de $500.000, cuando un predio en la Florida 1 –en arriendo– no deja de costar $2.000.000. Y luego ya nos percatamos que existía un dueño dentro de la casa”.

Conociendo esta información, la empresa de Acevedo se enteró de que el inmueble habría sido vendido de forma ilegal por el secuestre, ‘Joldar Consultores SAS’, y fue ahí cuando lo enfrentó.

“Nos contactamos con el representante legal de la empresa. Él vino hasta acá, habló con nosotros, nos pidió un plazo para entregarnos el inmueble y nos comentó que, efectivamente, había una ilegalidad. Pero que ellos iban a responder, que le estaban buscando una casa a Ingrit”, dijo.

Esto sucedió en marzo de 2021, y desde esa fecha –aseguró Acevedo– el representante legal de ‘Joldar Consultores SAS’ desapareció sin dejar rastro.

Entonces ‘Acevedo y Castro Inversiones’, propietaria verdadera del inmueble, continuó con el proceso legal que desembocó en la orden de desalojo a Ingrit Valencia que todos conocieron el pasado 19 de agosto (y que ordenaba la entrega de la vivienda para el 30 de agosto a las 9:00 de la mañana).

“En 2020, más o menos en julio, quise comprar una casa con los ahorros que tengo de las medallas que he obtenido desde 2017 para acá. Fui a un condominio, vi una casa con un letrero que se vendía, llamé a ese número y me contestó el señor Dairo Arias Carvajal. Averigüé en el banco y efectivamente él era el secuestre”, expresó en su momento Ingrit Valencia.

Si así fue, Dairo Arias Carvajal cometió un delito de acuerdo con el Código Civil, artículo 2158, al extralimitarse en sus funciones.

“El mandato no confiere al mandatario (es decir, el secuestre) más que el poder de efectuar los actos de administración, como son pagar las deudas y cobrar los créditos del mandante, perteneciendo unos y otros al giro administrativo ordinario; perseguir en juicio a los deudores, intentar las acciones posesorias e interrumpir las prescripciones, en lo tocante a dicho giro; contratar las reparaciones de las cosas que administra (…) Para todos los actos que salgan de estos límites, necesitará de poder especial”.

Palabras más, palabras menos, el secuestre administra un bien y debe rendir cuentas del bien entregado para su custodia, de manera que no puede venderlo como si fuera suyo. Sin embargo, los hechos en este caso demuestran que así fue.

Al respecto, el abogado de Ingrit, Germán Flores, dijo que Dairo Arias Carvajal había prometido devolver los $150 millones, pero él prefirió mantenerse incrédulo, pues en contra del sujeto ya existe una denuncia penal por estafa en la Fiscalía.

La diligencia de desalojo (ocurrida el pasado 30 de agosto) acabó con dos noticias: primero, la ampliación por ocho días más para que Ingrit desaloje el inmueble y, segundo, la campaña de solidaridad anunciada por Indeportes Tolima y el Imdri para abrir una cuenta de ahorros y recolectar fondos a favor de la boxeadora.

Sobre eso, Acevedo dijo que la vivienda está en condiciones para ser vendida a la deportista.

“Estamos a la espera de que nos sentemos a negociar y revisar los valores. La casa no vale desafortunadamente lo que a ella le ofrecieron, porque la casa tiene un avalúo y sobre ese avalúo compramos el remate en marzo”, sostuvo Acevedo.

Sobre la campaña de solidaridad, se sabe que la ciclista de BMX, Mariana Pajón, habló con la boxeadora para manifestarle su apoyo económico. También hay rumores de que lo mismo hizo el futbolista James Rodríguez.

Las reacciones de la ciudadanía por esta decisión de apoyo ya se conocieron. Señalan que es una labor noble, pero no es la vía ni la solución de fondo para resolverlo y preguntan por el paradero del estafador, que puede seguir cometiendo delitos similares.

De hecho, luego de que la estafa a la deportista saliera a la luz pública, un ganadero del Tolima dio a conocer que también había sido víctima de este hombre, Dairo Arias Carvajal (Ver: Ciudadano dice que también fue estafado por el hombre que denunció Ingrit Valencia).

La ciudadanía cuestiona qué están haciendo las autoridades y la justicia para darle captura al responsable y evitar que continúe afectando familias como lo ha hecho hasta ahora.

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