Juez confirmó arresto domiciliario del alcalde Hurtado, la personera y el secretario Rural
Síguenos en Google News
Un juez de Ibagué confirmó que el alcalde, Andrés Hurtado, al igual que la personera de Ibagué, Francy Ardila, y el secretario de Desarrollo Rural, Daniel Guillermo Jaramillo, desacataron una sentencia constitucional, con lo cual deberán pagar 15 días de arresto domiciliario y una multa de $17.400.000.
La decisión judicial remite al sonado caso de la no construcción de un puente peatonal sobre la quebrada La Chumba, en la vía a San Bernardo (Ver más: Por desacato, un juez ordenó el arresto de Andrés Hurtado y otros funcionarios)
De acuerdo con el Juzgado Cuarto Penal de Circuito con Funciones de Conocimiento, no fue sino hasta que se conoció la sanción en julio de este año que la Administración Municipal empezó a tomar acciones.
“Sin embargo, estas son gestiones tardías que se generaron apenas el mes pasado, en pro de lograr la revocatoria de una sanción que (...) es proporcional al desacato, cuando el único deber era el de cumplir las órdenes impartidas en favor de una persona que ha sido tolerante con la Administración Municipal”, analizó el juez.
Y agregó: “la Alcaldía, fuera de no atender directamente el requerimiento efectuado, desatendió la orden del Máximo Tribunal Constitucional, que ahora la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural trata de justificar con argumentos vanos para este despacho, atendiendo que aún no se ha cumplido con una orden que data del año 2020”.
Este proceso, que tiene en líos a Hurtado, es producto de campesinos de la zona rural del municipio, quienes temían por la vida de sus hijos puesto que diariamente debían cruzar un puente peatonal construido artesanalmente y que, con facilidad, podría derrumbarse.
#Ibagué|Por desacato, un juez ordenó el arresto de @AndresHurtadoL y otros funcionarios: https://t.co/CCwyWNZPlh pic.twitter.com/xJ3uH07zgF
— El lfato (@Elolfato) July 22, 2023
Según Joaquín Torres, conocido como el 'rey de las tutelas', quien instruyó y asesoró a los campesinos, la decisión está en firme y los implicados ya no tienen ninguna opción legal ni recursos a los que acudir para controvertir la decisión.
"Ya quedaría a determinación de la juez noveno indicar el día exacto en el que tiene que empezar a cumplir la orden. A la vez que Hurtado designe un alcalde encargado por estos 15 días", señaló.
