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Investigarán a Hurtado por el alto nivel de hacinamiento en la Permanente de Ibagué

Los centros de detención transitorios registran una ocupación de 512 personas, cuando la capacidad máxima de estos establecimientos es de 70.
Ibagué
Autor: Redacción Ibagué
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Redacción Ibagué
Investigarán a Hurtado por el alto nivel de hacinamiento en la Permanente de Ibagué

Debido a la crítica situación que se vive en los centros de detención transitorios de Ibagué por cuenta de un nivel de hacinamiento del 731%, el alcalde Andrés Hurtado deberá responder por una posible omisión de sus funciones.

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, con esta situación, la capital del Tolima se ubica entre las cinco ciudades del país con los panoramas más preocupantes, en lo que respecta a la atención de las personas privadas de la libertad.

“Con relación al alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado Barrera, el órgano abrió investigación al evidenciar que al 8 de marzo pasado, en los centros de detención transitorios, se registraba una ocupación de 512 personas (...), cuando la capacidad máxima de estos establecimientos es de 70”, aseguró Margarita Cabello, Procuradora General de la Nación.

Respecto a la Estación de Policía Permanente Central, gracias a una tutela instaurada por el Ministerio Público, se logró que se ordenara la remodelación de esa instalación, donde permanecían 372 personas en difíciles condiciones. 

Además, tras su paso por Ibagué, Cabello aclaró que en varias oportunidades, la Procuraduría había advertido sobre esta situación, pero a falta de acciones correctivas, se decidió iniciar indagación preliminar.

“Con esto se busca establecer si en el periodo constitucional se ha dado cumplimiento a las obligaciones legales que tienen esos entes territoriales, específicamente las de crear, dirigir, organizar, administrar, sostener y vigilar las cárceles o centros de detención preventiva, mediante la asignación de recursos, entre otros”, aseveró la funcionaria.

Por su parte, el Ministerio Público informó que las investigaciones fueron iniciadas a partir de un informe con fines disciplinarios rendido por la Delegada para la Protección de los Derechos Humanos, luego de efectuar múltiples visitas a los centros de detención.

Así las cosas, las presuntas omisiones de Hurtado serían igualmente compartidas por los mandatarios de Cali, Riohacha y Valledupar.

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