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Investigan pagos por más de $4.000 millones a excontratistas de la Alcaldía de Ibagué

La administración anterior tuvo que pagar millonarias conciliaciones a excontratistas por desempeñar labores misionales al interior del Palacio municipal.
Ibagué
Autor: Redacción Ibagué
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Redacción Ibagué
Investigan pagos por más de $4.000 millones a excontratistas de la Alcaldía de Ibagué

La Contraloría municipal investiga el pago de $4.282 millones por conciliaciones llevadas a cabo por la Alcaldía de Ibagué con excontratistas durante el periodo 2018 - 2020.

Estos recursos tuvieron que ser desembolsados debido a que se comprobó la existencia de un contrato realidad, pues estas personas fueron contratadas mediante orden de prestación de servicios, pero desempeñaron labores misionales las cuales deben ser realizadas por funcionarios de carrera de la Administración municipal.

"En solo tres años se concilió en un monto mayor a los $4.282 millones. Para la Contraloría es una situación que se debe entrar a investigar, toda vez que estas conciliaciones corresponden aparentemente a relaciones laborales que se configuraron en un contrato realidad, personas que se encontraban vinculadas a la administración a través de un contrato de prestación de servicios, pero que desarrollaron funciones propias del municipio", dijo el contralor Iván Darío Delgado.

Según el funcionario, solo en 2019 se realizaron conciliaciones por más de $2.355 millones lo cual prende las alarmas, pues para el 2018 dicho valor fue de $545 millones.

Estas conciliaciones corresponderían a la celebración de cerca de 600 órdenes de prestación de servicios.

Demandas: una vena rota

La Alcaldía de Ibagué tiene en contra 1.807 demandas cuyas pretensiones ascienden a los $279.619 millones.

De este número, la Oficina Jurídica estima que la probabilidad de éxito para el Municipio es de solo el $12.35 % lo que se traduciría en un ahorro de $34.520 millones. Sin embargo, el pago podría ascender a los $245.099 millones.

Anualmente, el municipio destina entre $1.500 y $2.500 millones anuales para asumir el pago de las sentencias judiciales.

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