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Hasta personas muertas recibieron mercados de la Alcaldía de Ibagué durante la emergencia del COVID-19, reveló la Contraloría General

El ente de control estima el detrimento patrimonial, solo por esta presunta irregularidad, en unos $187 millones.
Ibagué
Autor: Unidad Investigativa
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Unidad Investigativa
Foto: Alcaldía de Ibagué

La investigación que adelanta la Contraloría General de la República en la Alcaldía de Ibagué, por la compra y distribución de mercados durante el inicio de la emergencia por la pandemia del COVID-19, descubrió un hecho sorprendente que ni siquiera fue advertido por las autoridades locales.

La administración del alcalde Andrés Hurtado habría cometido serias fallas en la distribución de los kits alimenticios. Un número importante de dichas ayudas habrían beneficiado a personas muertas. 

Los investigadores de la Contraloría seleccionaron una muestra de 183 cédulas de ciudadanía que aparecían en las planillas aportadas por la Administración Municipal, las cruzaron con las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y detectaron que casi todas correspondían a ciudadanos que habían fallecido.

“Se evidenció que presuntamente 183 registros, correspondientes a 173 números de cedulas, reportadas como beneficiarios de los kits derivados del contrato No. 236 de 27 de marzo de 2020, se reportan por la RNEC como fallecidas, situación que genera un posible daño al erario del Municipio, por la imposibilidad fáctica y jurídica de que estas personas hubiesen podido recibir el auxilio municipal”, dice el informe obtenido por EL OLFATO.

Además, se evidenciaron otros errores en el diligenciamiento de las planillas como el reporte de números de cédula incompletos.

“Lo anterior, por deficiencias en el cumplimiento de la gestión de supervisión materializadas en las faltas de control, seguimiento y entrega efectiva de las ayudas humanitarias en desmedro de los fines estatales como la protección del bienestar de la población menos favorecida de dicha jurisdicción territorial; se configura un presunto detrimento patrimonial por valor de $187.309.933”, advirtió la Contraloría General.

Este medio de comunicación pudo establecer que la administración de alcalde Hurtado, cuando empezó la crisis del COVID-19, celebró el contrato de suministro de 52.000 mercados con la empresa Mercacentro, por $5.575.338.600, pero, por el afán de llegar a los barrios con los alimentos, habrían pasado por alto los controles en las entregas.

“La orden de Hurtado fue salir a los barrios con los mercados. Intentaron entregarlos con la empresa 4-72, pero no pudieron. Después envió a los funcionarios de la Alcaldía, del Ibal, de la Gestora Urbana, en carros particulares, a distribuirlos. No hubo ninguna organización, por eso pasan estas cosas”, dijo una fuente de la Administración Municipal.

Ahora, la Secretaría de Desarrollo Social tendrá que explicarle a la Contraloría General de la República qué pasó con estos mercados y, de ratificarse el hallazgo, los funcionarios tendrían que responder por ese dinero.

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