Hallan irregularidades en convenio suscrito por la Secretaría de Cultura de Ibagué

La Contraloría General alertó de irregularidades en la ejecución del convenio 1748 suscrito entre la Alcaldía de Ibagué y la Corporación la Eskina del Barrio, cuyo fin era la realización del Décimo Quinto Festival Internacional del Hip Hop, en 2020. 

El valor de dicho evento ascendió a los $73.000.000, recursos provenientes del Sistema General de Participaciones. 

Según el ente de control, dicho convenio fue ejecutado sin la debida supervisión y la firma del acta de inicio se habría hecho de forma extemporánea. 

El acta de inicio se suscribió el 6 de diciembre, día en el que finiquitaba el convenio y la cual fue avalada por una supervisora que se posesionó 18 días después de la firma del documento. 

Según el ente de control, el 24 de diciembre se reasignó otro supervisor, quien firmó el acta de cumplimiento del convenio, sin que le haya sido físicamente posible supervisar ni verificar la correcta ejecución del mismo. 

No obstante, según la Secretaría de Cultura, varios funcionarios y contratistas estuvieron vinculados en el acompañamiento y seguimiento de todas las actividades realizadas en el marco del cronograma del Festival.

Además, contó con la cooperación de Fenalco y la Gobernación del Tolima, que también supervisaron el evento.

Sin embargo, para el ente de control, la Ley 1474 establece que “las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor", según corresponda. 

Por este motivo, no se trata de cualquier persona, sino que el acto de supervisión debe recaer en un funcionario que ha sido designado mediante acto administrativo para que la ejecución del contrato y/o convenio se desarrolle bajo los parámetros contemplados en el mismo.

Para la Contraloría la falta de seguimiento y control de la supervisión y de la Administración Municipal, permitió que se ejecutaran recursos del Gobierno Nacional y se pusiera en riesgo la calidad en la ejecución del convenio.

Por esta razón, se dio traslado a la Procuraduría para que inicie las acciones disciplinarias en contra de los servidores públicos que intervinieron de manera irregular en el trámite de dicho convenio.