Funcionarios de la Alcaldía de Ibagué habrían delinquido en el caso de la discoteca 11:11: aplicaron el “tapen – tapen”

Luego de tres meses del cierre temporal de la discoteca 11:11 de Ibagué, establecimiento que permitió una fiesta electrónica violando todos los protocolos de bioseguridad, el proceso terminó en nada. Así lo confirmó la Secretaría de Gobierno Municipal al responder un derecho de petición tramitado por EL OLFATO. (Ver: Discoteca de Ibagué organizó fiesta electrónica y violó protocolos de bioseguridad)

El secretario de Gobierno, Carlos Portela, aseguró que la discoteca solo fue cerrada durante 10 días, por orden de una Inspección de Policía, y admitió que no se adoptaron otras medidas contempladas en los decretos emitidos por la Alcaldía de Ibagué. (Ver: Policía cerró discoteca 11:11, lugar en el que se llevó a cabo la fiesta electrónica del fin de semana)

“No se resolvió imponer ninguna otra medida correctiva, ni se compulsó copias para el inicio de otras actuaciones administrativas o penales”, contestó el funcionario a través de un oficio.

Es decir: aplicaron el popular “tapen – tapen”, una conducta recurrente en este tipo de procesos administrativos.

Según los decretos nacionales y locales relacionados con la emergencia del COVID-19, el incumplimiento de las normas sanitarias da lugar a la exclusión del plan piloto de bares y discotecas, y sus propietarios deben ser denunciados ante la Fiscalía General de la Nación.

“La violación e inobservancia de las medidas adoptadas e instrucciones dadas mediante el presente decreto, darán lugar a la sanción penal prevista en el artículo 368 del Código Penal”, advierte el Decreto 1000 -0448 de 2020 de la Alcaldía de Ibagué.

El artículo al que se hace referencia dice: “El que viole medida sanitaria adoptada por una autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia, incurrirá en prisión de cuatro a ocho años”.

¿Por qué no excluyeron a la discoteca 11:11 del plan piloto y por qué no tramitaron la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación? Eso tendrán que explicarlo los funcionarios de la Alcaldía de Ibagué, pero ahora -seguramente- en un proceso penal.

Esa omisión detectada en este caso abre paso a una investigación por el presunto delito de abuso de autoridad por omisión de denuncia, dijeron fuentes del ente acusador.

“El servidor público que teniendo conocimiento de la comisión de una conducta punible cuya averiguación deba adelantarse de oficio, no dé cuenta a la autoridad, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público. La pena será de treinta y dos (32) a setenta y dos (72) meses de prisión si la conducta punible que se omitiere denunciar sea de las contempladas en el delito de omisión de denuncia de particular”, dice el artículo 417 del Código Penal.

Esa laxitud en el caso de la discoteca 11:11, es un precedente negativo justo ahora que la Administración Municipal pretende abrir de manera definitiva estos negocios.

“Este caso es vergonzoso no solo para la Alcaldía de Ibagué, sino también para los negocios que sí están cumpliendo los protocolos. Si uno incumple, nos castigan a todos, y se quiebra todo un sector. Pero aquí queda demostrado que, si se tiene un ‘padrino’ político en el barretismo, se pueden pasar por alto las medidas de bioseguridad y no pasa nada”, afirmó un empresario del entretenimiento nocturno, quien prefirió mantener su nombre en reserva.

Según sus palabras, detrás del caso de 11:11 hay un socio muy cercano al grupo político del exgobernador Óscar Barreto. “Durante los operativos del año pasado, nos decían que ellos tenían permiso por lo alto (del barretismo)”, confesó una de las funcionarias de la Alcaldía de Ibagué que participó en las redadas.

No obstante, voceros de ese grupo político niegan cualquier relación con los socios de El Tereque y 11:11. "Son personas que hablan de más, pero ninguno hace parte de la organización", aclaró la fuente del barretismo.