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Debe hacerse una intervención psicológica, social y jurídica a la familia Monroy: profesional en ciencias sociales

Manifestó que el caso de esta familia es un patrón repetitivo en los barrios de Ibagué.
Ibagué
Autor: Redacción Ibagué
Autor:
Redacción Ibagué
Foto: EL OLFATO

El profesional en ciencias sociales y especialista en competencias ciudadanas Jairo Castaño realizó un análisis de la situación de convivencia que se ha presentado entre la familia Monroy y los habitantes de la manzana C del barrio Irazú de Ibagué. (Ver: Aterrador video revela las agresiones, acoso y provocaciones de una familia en contra de sus vecinos en barrio de Ibagué)

Luego de analizar los videos, Castaño determinó que tales comportamientos conflictivos obedecen a un patrón repetitivo de acción-reacción en muchos barrios de la ciudad, a los cuales no se les ha prestado la atención necesaria por parte de la institucionalidad.

“Específicamente sobre el hecho de Irazú uno podría hacerse varias preguntas. La primera es: ¿Qué pasa con el Código Nacional de Policía? Ya que hay que mirar que las instituciones no pueden girar en torno a lo que se viraliza porque tiene que existir una política pública municipal de resolución de conflictos comunitarios”, explicó.

Asimismo, manifestó que el accionar de los Monroy García puede estar asociado a un comportamiento reactivo ante una situación y, precisamente, debe hacerse una intervención psicológica, social y jurídica a esta familia y a los afectados. (Ver: Estos son los delitos en los que incurriría una familia del barrio Irazú por hostigar a sus vecinos)

“El comportamiento de esa familia no es espontáneo, es decir, no ocurre porque sí. Algo tiene que estar pasando o algo tuvo que haber pasado. Y para poder solucionarlo hay que mirar estos tres aspectos importantes”, señaló.

También, indicó que se deben generar políticas públicas municipales que permitan construir programas de formación de competencias ciudadanas e, igualmente, contar con casas de resolución de conflictos para estos casos que se viven a diario en la capital tolimense.

Por lo que sugirió que la Administración Municipal tenga planes para prevenir e intervenir esos conflictos.

“Infortunadamente, ninguna administración se ha preocupado por esto. Porque piensan que la formación de la ciudadanía es no tirar el papelito al piso y darle paso al peatón, pero la ciudadanía va mucho más allá”, acotó.

Igualmente, dijo que hay que ponerse muy serios en este escenario. “Si tuviéramos un proceso de intervención frente a la resolución de conflictos comunitarios, con respecto a qué es lo que está pasando en los barrios, se podría prevenir muchísimo estos actos de violencia dentro de la ciudad”, sostuvo. 

“Es evidente que hubo un desplazamiento familiar, unos niños y adultos mayores que tuvieron que irse de sus casas, y eso hay que tipificarlo en una conducta punitiva, es decir, qué delito están cometiendo las personas que hicieron esto”, añadió. (Ver: Hablan los vecinos afectados por agresiones de una familia en el barrio Irazú de Ibagué)

Del mismo modo, expresó que la carga de este tipo de resoluciones recae sobre la Policía Nacional, “y la pregunta es ¿qué tipo de formación tiene la Policía para poder entrar a resolver estos conflictos comunitarios?”.

“Si uno ve los videos la Policía queda casi que maniatada en ese escenario. Y los hechos de violencia en este caso son repetitivos, entonces se deberían entrar a mirar varios escenarios desde ambas partes. Porque gústenos o no nos guste hay que mirar cómo intervenimos a la familia que está generando toda esa situación en el barrio”, agregó.

Indicó, además, que esta problemática se debe repensar no cuando el conflicto se hace viral a través de las redes sociales, sino cuando empieza a suceder para evitar llegar a los extremos.

“No es deber ser que las instituciones entren a operar a partir de la moda de hacer viral algo a través de las redes sociales porque, aunque estas le dan voz a la gente como en el caso de Irazú, eso es algo que no debe pasar”, aseguró.

Por tanto, Castaño finalizó mencionando que las autoridades no deben entrar a actuar “sobre lo que se viraliza sino en lo que pasa específicamente en las comunidades y territorios”. 

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