Contraloría de Ibagué enciende las alarmas por fallas en la gestión fiscal de la Gestora Urbana

La auditoría realizada por la Contraloría de Ibagué a la Gestora Urbana encendió las alarmas en el órgano de control. Según el informe, se establecieron nueve hallazgos administrativos relacionados con fallas en la gestión fiscal de la entidad. 

Iván Darío Delgado, Contralor Municipal, indicó que son dos los aspectos que más llaman la atención respecto a ese factor evaluado: la disminución en los ingresos y el cobro de cartera. 

En primera medida, señaló que hay un déficit de recaudo de aproximadamente $3.529 millones. No obstante, precisó que esa cifra se soportaría en los efectos generados por la emergencia sanitaria del COVID-19, la cual le impidió a la Gestora obtener los recursos esperados. 

Sin embargo, de acuerdo con Delgado, la falla estuvo en que el banco mobiliario no ajustó sus proyecciones presupuestales a esa realidad, tarea que debía hacer finalizando la vigencia fiscal 2020. 

"Tenemos que los estados financieros no fueron reales. Se tenía una proyección pero en últimas no se logró ajustar el tema como tal", afirmó.  

Por otro lado, se refirió a la deficiencia en la gestión de cobro realizada por la entidad, pues a corte del 31 de diciembre de 2020 se tenía una cartera por recaudar de más de $700 millones.

Dicho monto corresponde, principalmente, a dos conceptos: pago de arrendamientos de bienes fiscales, tanto de uso residencial como comercial, y contribución por uso de espacio público en negocios. 

"Ese es un tema que prende las alarmas de la Contraloría en el sentido en que se podría evidenciar una falta de gestión adecuada por parte de la entidad", sostuvo el Contralor. 

Ahora bien, aclaró que este problema en la Gestora Urbana viene de varios años atrás. De hecho, la Contraloría había determinado hallazgos por más de $6.000 millones en cartera. 

"Mucha de esa cartera ni siquiera tenía un soporte para cobro. Son personas que llevan muchos años ocupando los bienes fiscales y nunca habían pagado. Por ello, en esta auditoría se evidenció que efectivamente hay un saldo por cobrar, pero el monto ha venido disminuyendo a través del tiempo", dijo.

"Pero no podemos perder de vista que hay $700 millones pendientes por cobrar", añadió.  

En ese sentido, expresó que aunque es un factor que se ha venido trabajando, para la Contraloría no deja de ser problemático que una entidad pública maneje ese tipo de cartera, y más aún, cuando esos $700 millones obedecen a gran número de inmuebles. 

"Hay cartera que lleva más de 360 meses, otra en días, entonces es importante que la Gestora prenda las alarmas y fortifique más ese tema de ese hallazgo", aseguró. 

Entre tanto, señaló que el banco mobiliario ha venido realizando acciones de cobro tendientes a recaudar la mayor cantidad de dinero, como por ejemplo la vinculación de personal para ese fin, pues allí ni siquiera había una dependencia encargada de esa labor. 

"La Gestora Urbana tiene un plazo de ocho días para que presente el plan de mejoramiento. Esa es una estrategia que ellos establecen para darle cumplimiento a cada una de las observaciones que dejó el informe, bien sea para que no se vuelvan a presentar o para subsanar esa irregularidad", explicó el Contralor. 

"Estamos esperando que se presente ese plan de mejoramiento por parte de la entidad, nosotros lo evaluamos, si está acorde lo aprobamos, y la Gestora lo tiene que ejecutar por un periodo de tiempo aproximado a un año", concluyó. 

Lo que dice la Gestora

Óscar Huertas, funcionario encargado del área financiera en la Gestora Urbana, señaló que efectivamente esos hallazgos determinados por el órgano de control reflejan el golpe económico que recibió la entidad por la pandemia. 

"No es desconocido para todos que el COVID-19 golpeó bastante las empresas, sobre todo la actividad comercial, y la Gestora Urbana depende mucho de ese sector en materia de aprovechamiento de espacio público y arrendamientos de bienes fiscales", manifestó. 

En ese sentido, reconoció que lo que se tenía proyectado para recaudar en la vigencia 2020 era una cantidad supremamente alta, en comparación con la que en realidad se obtuvo. 

"Por ejemplo, por concepto de arrendamiento de bienes fiscales se planteó recaudar $1.092 millones, de los cuales se recaudaron $775 millones. Tenemos una diferencia aproximada del 30%", explicó. 

Asimismo, sostuvo que los ajustes a las proyecciones presupuestales no se hicieron porque igualmente la situación sanitaria no lo permitió. 

"Nosotros llegamos en octubre a la entidad y la gestión inicial que hicimos fue organizar las finanzas, pero la situación de pandemia, foco de COVID-19, incapacidades, fueron procesos que impidieron adelantar esa tarea", detalló. 

Finalmente, puntualizó que la entidad ya está trabajando en el plan de mejoramiento que debe ser entregado a la Contraloría de Ibagué, el cual incluirá actividades encaminadas a la revisión periódica del recaudo.