Alcaldía de Ibagué se expone a un proceso legal y al pago de intereses por retenerle más de $100 millones a una excontratista
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El escándalo del fallido concierto de Carlos Vives en Ibagué, organizado, promocionado y cancelado a última hora por el exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, sigue generando controversia en la ciudad.
El equipo jurídico de la empresaria Carolina Barrios denunció que la Administración Municipal se quedó irregularmente con $103.740.000 que había pagado por concepto de estampillas, recursos que debieron ser reintegrados una vez se anuló el contrato, en mayo del año 2019.
A partir de ese momento, Barrios solicitó la devolución de los recursos, pero, de manera sistemática, la Secretaría de Hacienda Municipal se ha negado.
“Las estampillas se pagaron en abril y, a través de la resolución 018 de mayo 15 de 2019, la Alcaldía de Ibagué anuló el contrato, pero los funcionarios de la administración pasada (la de Jaramillo) no quisieron reintegrar el dinero. Se les enviaron oficios en junio y en octubre, y no quisieron. Esperamos que el nuevo gobierno aceptara que esos son recursos particulares y que se ordenara la devolución, pero tampoco”, dijo la empresaria.
El 11 de febrero de 2020, la administración de Andrés Hurtado emitió un auto en el que negó tajantemente el reintegro del dinero, argumentando la inexistencia jurídica del contrato 1804 de 2019 (el de la organización del evento de Carlos Vives).
“Negar la devolución de las estampillas es desconocer la Resolución 018, que anuló el Contrato 1804, dio a las partes el derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallaban si no hubiese existido el contrato”, precisó.
Además, con esta maniobra, la Alcaldía de Ibagué obtiene un millonario ingreso sin justa causa, pues no se llevó a cabo el concierto que se había contratado.
“En esa medida, al no existir causa legal para exigir el pago del tributo, se configura un pago de lo no debido, que, de no ser devuelto, implicaría un enriquecimiento sin justa causa para la Administración”, señaló.
EL OLFATO consultó al secretario de Hacienda Municipal, Leopoldo Alfonso, quien reiteró la posición de la Alcaldía de Ibagué de no reintegrar los recursos que pagó la excontratista.
“Se negó teniendo en cuenta lo establecido en los Acuerdos 026 y 036 de 2016”, pero no hizo ninguna precisión jurídica.
Ante ello, Barrios emprenderá un nuevo proceso judicial en contra de la Alcaldía de Ibagué y no solo exigirán el reintegro del valor de las estampillas, sino los intereses causados durante el tiempo que sus recursos permanezcan en las cuentas oficiales.
