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Ibagué sin agua: un clásico de responsabilidad policromática

La baja intensidad o la suspensión temporal del suministro de agua potable en cientos de barrios ibaguereños es una constante, presente en cualquier fecha, clima o circunstancia.

No obstante, la temporada de lluvias profundiza el problema por su incidencia sobre la turbiedad de las aguas en las bocatomas Cay, Chembe y Combeima, situación que afecta masivamente a la población del municipio y que además evidencia los límites del perímetro hidrosanitario de Ibagué, su falta de mantenimiento, su rezago frente a la expansión urbana y la necesidad de finiquitar el acueducto complementario, un proyecto que lleva más de 25 años sin concretarse.

Pese a ello, este grave problema es un cumulo de desaciertos históricos que comprometen a más de una administración municipal. 

Desde el año 2007 Cortolima había manifestado, con fundamento en estudios de geotecnia y geomorfología, que el proyecto Acueducto Complementario, al cual se le otorgó concesión de aguas en el año 1995, se encontraba localizado en zona de riesgo, sobre el sistema de fallas activas de “San Rafael”, “Chapetón - Pericos” e “Ibagué”, generando la presencia de amenazas por movimientos en masa, así como procesos de inestabilidad asociados a erosión hídrica por socavamiento lateral del cauce, flujo de escombros, avalanchas y deslizamientos en zona de alta pendiente. 

Vino en la administración de Jesús Maria Botero, el Contrato 060 del 8 de noviembre de 2011 suscrito entre el IBAL S.A. E.S.P. y el Consorcio Acualterno, cuyo objeto era la ejecución de la Primera Fase de la primera Etapa del Proyecto Acueducto Complementario de Ibagué con Fuente Alterna de Captación, contrato leonino donde sus ejecutores reclamaron “ajustes” por el orden de los $18.000 millones (200% más del valor inicial), solicitudes que por poco alcanzan a tener eco en la administración de Luis H. Rodríguez, ante las insistentes gestiones del Abogado Orlando Arciniegas, asesor jurídico del mentado consorcio y de la administración municipal. 

Posteriormente, se suscribió el contrato 202 de 2017 que buscaba llevar agua del río Cocora hasta la planta de tratamiento en el barrio La Pola, y de esa forma, evitar el desabastecimiento del agua cuando la temporada de lluvias afectara las otras bocatomas.

Esta obra, que correspondía a la fase uno del acueducto complementario, fue inaugurada por el ex alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, evento en el que presentó la “gestión” y “eficiencia” del entonces gerente del Ibal, José Alberto Girón, quien al día siguiente renunciaría para iniciar su candidatura a la alcaldía de Ibagué.

El contrato en mención tuvo una adición del 50% del costo inicial y, aún así, los recursos no alcanzaron, pues, pese a la mediática ceremonia, la obra no quedó funcional y terminó requiriendo $10.000 millones de pesos más, los cuales no se pueden incorporar al contrato en mención, porque la ley establece un tope máximo de adición de hasta el 50%.

Lo anterior fue un insumo a los reparos y las protestas que tuvieron lugar cuando se eligió culminar la etapa en el barrio la pola y no en una planta de tratamiento en el barrio Boquerón, pues de esa forma la distribución ya no se haría por gravedad sino por el sistema de bobmeo, lo que elevó los costos de ejecución. 

En la actual administración se firmó contrato por $12.487 millones de pesos en el mes de julio del 2020, para construir la segunda fase de la segunda etapa del acueducto complementario.

Pese a que la obra debió terminarse en 6 meses, se le hicieron dos prorrogas y dos adiciones por un valor de $16.819 millones (recursos provenientes en gran parte de empréstitos). Aún así, dicho contrato esta lejos de terminarse.

Los hechos evidencian que la administración de Andrés Fabián Hurtado, como las anteriores, también tiene cuota de responsabilidad en la ausencia de inversiones que permitan mejorar la precaria infraestructura hidrosanitaria, lo cual dificulta seguirle el paso, cada vez más, a la expansión de proyectos urbanísticos y el crecimiento demográfico en la ciudad.  

Orillas opuestas, colores distintos, partidos políticos, barones y famiempresas electorales, todas tienen esta deuda histórica con Ibagué, así en medios jueguen a la guerra epistolar y se culpen unos a otros.

Ya viene siendo hora de pensar en la ciudad, no en el interés de la organización; ya viene siendo hora de planificar la acción del Estado, no mostrar “gestión” construyendo y adjudicando lo primero que se les ocurra; ya viene siendo hora de crear un proyecto de ciudad, no un proyecto personal y demás cuestiones del ego; y, ya viene siendo hora de conectar con la ciudadanía, no de utilizarla. 

Al tema del agua le falta el tanque que se proyectó para la zona industrial y de expansión urbana de Picaleña, varios tramos de tubería en la primera y segunda fase, obras en el viaducto del rio Combeima, obras en el sector de Morrochusco y el arreglo de la carretera en el sector de los túneles, entre otros, además de optimizar la infraestructura existente y mejorar en materia de prevención para cuando se presenten incrementos en los niveles de turbiedad.

Es necesario que quienes dirigen el municipio trabajen para resolver el asunto y que la ciudadanía asuma un rol más protagónico en la veeduría, el seguimiento y la exigencia de su derecho.  

Lo único cierto es que, después de 25 años, los ibaguereños podemos decir que tenemos un acueducto sin terminar; unas inversiones millonarias que a la fecha se encuentran inservibles; una bocatoma que nunca funcionó y que día a día se la come la maleza y que, a pesar de la gran cadena de irregularidades que han rodeado este proyecto, los organismos de control fiscal, disciplinario y de investigación judicial hubiesen tomado decisión alguna de fondo.  

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