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Resulta bastante obvio que los comicios electorales, a realizarse en octubre del presente año, se han de desarrollar en medio de una coyuntura particular en cuanto a las necesidades de Ibagué y sus pobladores frente a sus representantes en el campo de lo público, a merced de los múltiples sucesos acaecidos durante el presente periodo constitucional y que han propiciado una controversia amplia sobre el devenir de la administración municipal y del municipio mismo.
Ibagué es en definitiva un territorio político, situación que conlleva a que se presente una relativa inestabilidad derivada de los sucesos acontecidos durante los últimos meses, y de forma irremediable incidiendo sobre los retos y necesidades del territorio para los aspirantes a los cargos de elección popular, que habrán de definirse el próximo 27 de Octubre.
Ahora bien, existe una imperativa necesidad de definir con imparcialidad las necesidades actuales del municipio, de forma que las decisiones que se tomen a futuro desde la administración del mismo, respondan a las expectativas y a la realidad social de los ibaguereños, ejercicio que requiere la capacidad de poder analizar a Ibagué desde una perspectiva investida de objetividad, sin que las filiaciones políticas particulares distorsionen el deber ser del quehacer de los próximos gobernantes.
No puede permitirse bajo ninguna óptica que se gobierne para unos y para otros no, independientemente de la dinámica electoral y partidista, que hace parte fundamental del ejercicio de la democracia, subyace una responsabilidad social enorme, que consiste en garantizar la implementación de procesos de desarrollo integral, homogéneo y prospectivo, que permita atender y solucionar las problemáticas locales y potencializar las fortalezas que manifiesta el municipio desde lo económico, lo social, lo cultural, lo medioambiental, etc.
Debe tenerse en cuenta como criterio fundamental del ejercicio previamente propuesto, que no hay espacio para la negación sobre las dificultades que sobrevienen al municipio, problemáticas socioculturales como la inseguridad, el desempleo, el consumo de sustancias psicoactivas, los inconvenientes relacionados con la salud pública y el inadecuado uso del tiempo libre por parte de los niños, niñas y adolescentes, han marcado – tristemente – el desarrollo del año inmediatamente anterior, logrando que de cierta manera la sociedad se acostumbre a semejantes tragedias sociales, ennobleciéndose entonces tales fenómenos, hasta el punto de convertirse en un determinante más de la cotidianidad del territorio, lo cual no puede ser contemplado ni permitido de ninguna forma, dado que no solo se trata de situaciones que atentan contra el bienestar de la población, sino que se convierten en caldo de cultivo para que las problemáticas se agudicen y puedan desembocar en otras aun más álgidas.
Vale la pena preguntarse en esta instancia, previa al inicio oficial de las campañas políticas que han de desarrollarse durante el presente año: ¿somos capaces de asumir la responsabilidad social que implica la democracia, haciendo de lado los intereses particulares?, ¿es posible gobernar con objetividad, atendiendo a las necesidades de Ibagué como prioridad, olvidando las rencillas políticas que se han cultivado con los años?
Sin pretender rayar en presunciones inocentes e irreales, es importante plantear la necesidad de reconstruir la política local, de reestructurar la forma en la que se ha venido gobernando al municipio, de encontrar medios alternativos que permitan priorizar el desarrollo equitativo y el compromiso que la sociedad local requiere de su clase dirigente, es imperativo que se borre del imaginario colectivo la errónea noción del “todo vale” en la esfera política, tal y como alguna vez lo afirmase el filósofo Albert Camus “En política son los medios los que deben justificar el fin”.
