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Gobierno de Duque fortalecerá las acciones para proteger la vida y seguridad de los educadores en Colombia

Este proceso busca ofrecer medidas administrativas de traslado o comisiones de servicios que permitan mitigar las amenazas a docentes.
Nación
Autor: Redacción Nación
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Redacción Nación
Foto: Mineducación

Diferentes medidas para la protección de la vida, la integridad y la seguridad de los educadores colombianos ante alertas contra los educadores del país, desarrolla el Ministerio de Educación Nacional.

De esta manera, el ministerio realiza la intermediación ante la Unidad Nacional de Protección para dar a conocer las denuncias y la toma de las acciones respectivas, propias del ámbito de su competencia, en torno a la seguridad de los dirigentes sindicales.

Asimismo, realiza la intermediación ante las Secretarías de Educación de las entidades territoriales certificadas, para analizar en terreno la situación de denuncias de dirigentes sindicales y líderes del magisterio contra la vida, integridad personal y seguridad de los docentes o sus familias.

En este proceso se buscan tener medidas administrativas de traslado o comisiones de servicios que permitan mitigar la amenaza, mientras se surten procesos de valoración de riesgo por parte de la UNP, o investigación de las denuncias por parte de los órganos competentes como Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

Directiva ministerial

Adicionalmente, producto de los acuerdos colectivos con las organizaciones sindicales, el ministerio cuenta una directiva que integra orientaciones y recomendaciones a las autoridades nominadoras sobre los traslados de educadores estatales por razones de seguridad.

Esta directiva hará énfasis en precisar y distinguir las medidas administrativas de las secretarías de educación, como el traslado o comisiones de servicios y las medidas de seguridad a la vida propia, para investigar las denuncias presentadas por los educadores a la UNP, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, entre otras.

Del mismo modo, basados en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el Ministerio de Educación incluyó orientaciones sobre otras situaciones no previstas en el Decreto 1782 de 2013, pero que ponen en riesgo la vida, la integridad y la seguridad de los educadores, tales como son la extorsión y la violencia dentro del núcleo familiar del educador.

De otra parte, el Ministerio invitó a las autoridades territoriales a tomar medidas de protección al derecho a la vida, a la honra y a la dignidad de los empleados públicos al servicio de la educación nacional.

La entidad advirtió que es fundamental revisar y ajustar el procedimiento de la medida de traslado por razones de seguridad del educador del sitio de donde se denuncia el riesgo.

En este sentido, indicó que estas medidas “debe ser de aplicación inmediata, así como organizar y verificar el funcionamiento del Comité de Seguimiento a Educadores Estatales Amenazados y Desplazados, establecido en el artículo 2.4.5.2.3.7 del Decreto 1075 de 2015”.

Finalmente, con el fin de dar coherencia a toda la política de protección a la vida y seguridad de los educadores, el Ministerio de Educación pondrá en funcionamiento el Comité Nacional para el Seguimiento y Coordinación de la atención de educadores estatales en condición de amenaza o desplazamiento forzado, que contará con la participación de los diferentes organismos, estamentos u organizaciones sociales que son actores de la comunidad educativa.