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¿Gobernador impedido en caso fotomultas?

Investigación
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El gobernador del Tolima, Luis Carlos Delgado, estaría impedido para emitir algún concepto jurídico sobre el polémico Acuerdo que aprobó el Concejo de Ibagué autorizando al alcalde Luis H. Rodríguez para entregarle a un particular el negocio de las fotomultas.
 
En este momento, la Oficina Jurídica de la Gobernación del Tolima realiza el estudio de control de legalidad del Acuerdo sancionado por el alcalde Rodríguez, el pasado 25 de julio, y tendrá que decidir si lo deja en firme o lo envía a revisión al Tribunal Administrativo del Tolima.
 
Para un grupo de abogados y dirigentes de la ciudad, el gobernador Delgado debería declararse impedido porque su esposa, la periodista María Elsy Morales, ha sido contratista de la alcaldía de Ibagué.
 
La comunicadora recibió este año un contrato de la secretaría de Gobierno de Ibagué por 18 millones de pesos, con plazo de ejecución de seis meses, y terminó el pasado 24 de julio. (Ver contrato)
 
Para el analista y excandidato al Concejo, Juan Espinosa, debe revisarse muy bien si el gobernador estaría incurriendo en un conflicto de intereses al revisar no sólo el Acuerdo que autoriza la concesión de las fotomultas sino todos los convenios que han suscrito las administraciones local y departamental, mientras su esposa fue contratista.
 
Sobre este cuestionamiento, la directora jurídica de la gobernación del Tolima, Olga Lucía Liévano, aseguró que el mandatario seccional “no está impedido”.
 
María Elsy Morales le dijo a ELOLFATO.COM que ya no tiene ninguna relación con la administración del alcalde Luis H. Rodríguez, y que fue contratista de la secretaría de Gobierno porque ella, antes de ser la Primera Gestora del Tolima, es periodista y siempre ha ejercido su labor en medios de comunicación y en entidades públicas.
 
Lo cierto es que esta relación contractual que tuvo la esposa del gobernador Luis Carlos Delgado y la alcaldía de Ibagué podría generar muchas discusiones jurídicas sobre la presunta violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades por parte del mandatario departamental.

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