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Gobernación en la mira de la Procuraduría por retraso en la implementación del programa de alimentación

Ibagué
Autor: ElOlfato
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ElOlfato

La Procuraduría General de la Nación acudirá a acciones de tutela para que los jueces de la República protejan el derecho a la educación de 538.000 estudiantes, y ordenen a las autoridades de cuatro departamentos y 12 municipios acelerar los procesos de contratación de los operadores del Programa de Alimentación Escolar –PAE.

Uno de esos cuatro departamentos es el Tolima que, según información suministrada por el Ministerio de Educación, al 9 de abril, aún no se iniciaba la operación del programa.

Aseguraron que se siguen presentando problemas de años anteriores en los procesos de contratación, como la demora en la publicación de los pliegos definitivos del proceso, la no contratación oportuna del equipo, los retrasos en la planeación de la operación e incluso la no definición de la forma en la que va a operar el programa.

Ante este reiterado incumplimiento del departamento del Tolima y otras entidades territoriales en la puesta en marcha del PAE, la delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia dará traslado para la eventual apertura de un proceso disciplinario.

“Para el Ministerio Público, la alimentación escolar constituye una condición necesaria para permitir y garantizar el acceso material del derecho fundamental a la educación de los niños, niñas y adolescentes, y su ausencia representa una barrera para su efectivo disfrute”, aseguró la entidad.

En lo que va de 2018 la Procuraduría General de la Nación ha adelantado 24 acciones directas frente al Programa de Alimentación Escolar que manejan las 95 Entidades Tritoriales Certificadas en el país, ordenando la apertura de 15 indagaciones preliminares contra las administraciones de Atlántico, Risaralda, Pereira, Amazonas (2), Quindío y Armenia (2), Cúcuta, Cauca y Popayán (3), Casanare (2), Tolima y Florencia.

Adicionalmente, el pasado 7 de marzo de 2018 se abrió una indagación preliminar que vincula a las administraciones de 39 municipios de 11 departamentos del país, por presuntas irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar.

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