Un funcionario de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) y un particular estarían detrás del cobro de coimas para agilizar procesos de otorgamiento de licencias ambientales.

Según la Fiscalía 30 especializada, el revisor fiscal de Cortolima, Israel Miranda Toro, presuntamente pedía dinero a través de su intermediario, el ganadero Juan Carlos Troncoso, para otorgar dichos permisos.

Ambos sujetos fueron capturados y llevados ante un juez de control de garantías, quién legalizó la captura y posteriormente les fueron imputados cargos por el delito de concusión.  La firma Avícola Triple A y Hernando Mesa Jaramillo, representante del Grupo Bios en Ibagué, aparecen como víctimas en el proceso.

El ente acusador detalló que el pasado 17 de octubre, Mirando Toro y Troncoso Rengifo habrían sostenido un encuentro con Hernando Mesa Jaramillo. En ese momento, le plantearon al ciudadano que la única manera de que se diera de manera efectiva y ágil la solicitud de la licencia, era por medio del revisor fiscal.

El declarante manifestó que el ganadero Troncoso le dijo que no era fácil que los documentos pasaran de las áreas jurídica y técnica. Al parecer, solicitaban $450 millones que serían distribuidos en dichas áreas de Cortolima para aprobar la licencia requerida.

Cortolima responde

Ante esto, el director de Cortolima, Jorge Enrique Cardoso, manifestó en un comunicado que estos hechos no debían incidir negativamente en la imagen corporativa de la entidad y de sus funcionarios públicos.

“De esta manera, precisamos que la Dirección General ha estado al tanto de la situación denunciada, prestando el apoyo e información correspondiente a la Fiscalía General de la Nación y a los solicitantes de los trámites”, sostiene.

De acuerdo a Cardoso, la entidad otorgará poder especial a un abogado con el fin de que represente y defienda los intereses de Cortolima en calidad de víctima.

Por último, el Director lamentó que personas vinculadas o ajenas a la entidad intenten gestionar trámites por fuera de los legalmente establecidos por Cortolima, tratando de solventar intereses de carácter particular, afectando el buen nombre y desempeño de funcionarios y colaboradores.