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Fiscalía imputará a los concejales de Ibagué por el delito de prevaricato

La investigación inició en el primer trimestre del año, como lo reveló EL OLFATO el pasado 11 de marzo. En ese momento, algunos concejales descalificaron la noticia.
Investigación
Autor: Luis Eduardo González
Autor:
Luis Eduardo González
Exclusivo
Foto: EL OLFATO

A los concejales de Ibagué les llegó el momento de responder ante la justicia por sus actuaciones presuntamente indebidas en las elecciones del Personero y el Contralor Municipal para el periodo 2016 - 2019. (Los mezquinos concejales de Ibagué)

La Fiscalía 27 de la unidad de Administración Pública imputará el delito de prevaricato por acción a 14 concejales -todos suspendidos por la Procuraduría- y al candidato a la Alcaldía de Ibagué, Camilo Delgado, del partido Liberal, quien en enero de 2016 se desempeñaba como presidente del Concejo.

Los cabildantes procesados son: Ernesto Ortiz, Carlos Andrés Castro, Humberto Quintero, Víctor Hugo Gracia, Oswaldo Rubio, Marco Tulio Quiroga, Juan Ávila, William Rosas, Víctor Julio Ariza, Harol Lopera, Hasbledy Morales, William Santiago, Linda Perdomo y Jorge Bolívar.

La solicitud de imputación contra estas 15 personas se radicó en el Palacio de Justicia de Ibagué el pasado 23 de julio y la diligencia estará a cargo del Juez Octavo Penal Municipal con función de garantías. La fecha de la audiencia aún no se ha definido, pero es muy probable se realice en agosto.

La investigación inició en el primer trimestre del año, como lo reveló EL OLFATO el pasado 11 de marzo. En ese momento, algunos concejales descalificaron la noticia y aseguraron que se trataba de un “refrito”.

Las pruebas

El expediente está soportado, entre otras cosas, con la investigación disciplinaria que adelantó la Procuraduría General de la Nación en contra de los concejales, y que concluyó con una suspensión de nueve meses en el ejercicio de sus funciones. (Procuraduría confirma leve suspensión contra concejales de Ibagué)

Además, la Fiscalía tuvo en cuenta los severos fallos que ha emitido el Consejo de Estado en contra de la elección del expersonero de Ibagué Julián Prada y el excontralor Ramiro Sánchez, sentencias en las que los magistrados reprocharon el proceder indebido de los cabildantes, la mayoría de ellos oficialistas y simpatizantes del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo.

¿Qué fue lo que hicieron?

Como lo denunció en su momento este medio de comunicación, la mayoría de cabildantes le hicieron ‘conejo’ a los concursos de méritos para elegir a los entonces candidatos a la Contraloría y la Personería de Ibagué (Ramiro Sánchez y Julián Prada), presuntamente, apadrinados por el jefe de Cambio Radical en el Tolima, Emilio Martínez, amigo y aliado político del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo y de su hermano Mauricio Jaramillo.

Esta maniobra habría tenido como propósito la repartición de cuotas burocráticas en los órganos de control para los concejales y permitirle a la administración del médico Guillermo Alfonso Jaramillo tener un Contralor y un Personero cercano al gobierno, como finalmente ocurrió con Juan Felipe Arbeláez -en la Personería- y Julio César Vásquez -en la Contraloría, los dos exfuncionarios que más tiempo permanecieron al frente de estas dependencias.

Por su parte, el alcalde Jaramillo ha sido solidario con sus concejales aliados y los ha defendido públicamente. (Jaramillo defendió a los concejales sancionados y califica de "mezquinos" a quienes quieren "desprestigiarlos")

Por ejemplo, después de conocerse la sanción de la Procuraduría, el mandatario afirmó: “Me parece muy mezquina la posición que asumen ciertas personas de bregar a ver cómo desprestigian la función de los concejales que lo único que han hecho es apoyar todo lo que se está haciendo, y que gracias a ellos es que sé vamos a poder dejar solucionados todos los problemas graves que tenía Ibagué. Entonces yo no puedo hacer -de ninguna manera- más que una persona que le dé un apoyo total a los concejales”.

Cuatro años de debilitamiento institucional 

Las irregularidades cometidas por los concejales de Ibagué provocaron un debilitamiento institucional que, sin lugar a dudas, favoreció a la administración del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, quien gobernó con unos entes de control débiles, manejados por personas cercanas a él.

“La responsabilidad del Concejo de Ibagué es absoluta en el tema de la telenovela de Personero y Contralor. Como lo han demostrado las diversas sentencias, se pasaron los procesos de selección por la faja, haciendo curiosas y amañadas interpretaciones legales, todo por pretender elegir a los que le resultaban más convenientes a Jaramillo y su camarilla. Ibagué completa casi cuatro años de desgobierno, desgreño y ausencia de control fiscal y disciplinario, todo por cuenta de las mayorías del Concejo. Es vergonzoso lo que esta cuestionada corporación le deja a la ciudad”, dijo el columnista Eduardo Bejarano.

En el mismo sentido se pronunció el abogado Fernando Varón. “Acabaron la institucionalidad e independencia del Concejo. Dejan una historia negra y una pésima imagen. Hicieron contubernio con el alcalde para plegarse a los intereses de su mandato por lentejas, no les importó la ciudad ni mucho menos sus electores. Es un Concejo que debe ser cambiado en su totalidad, pero no rescatando políticos venidos a menos”, subrayó.

El delito de prevaricato

Por estos hechos, los concejales y el candidato a la Alcaldía de Ibagué tendrán que responder ante la justicia por el presunto delito de prevaricato por acción, una conducta castigada con penas que van desde los cuatro hasta los 12 años de prisión.

Este delito, establecido en el artículo 413 del Código Penal, se configura cuando un servidor público profiere una resolución, un dictamen o un concepto manifiestamente contrario a la ley, como parece haber ocurrido en este caso.