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Fiestas del folclor 2019: Un desafío a la Justicia

​Conozca las normas que violó la Alcaldía de Ibagué para favorecer a la Corporación Festival Folclórico Colombiano, la misma que quedó prácticamente en quiebra por el Alumbrado Navideño de 2016.
Investigación
Autor: Luis Eduardo González
Autor:
Luis Eduardo González
Foto: EL OLFATO

La administración del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo ejecutó, contra viento y marea, el convenio de $2.605 millones con la Corporación Festival Folclórico Colombiano para la organización de las fiestas de mitad de año en Ibagué. (Ver: ¿Alcaldía lanza salvavidas de $2.605 millones para 'revivir' a la Corporación Festival Folclórico Colombiano

Y lo hizo sin importarle el cumplimiento de las normas que regulan la contratación de Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL), todo, al parecer, para tapar el enorme ‘hueco’ financiero que le dejó la ejecución del irregular convenio del Alumbrado Navideño de 2016, por el cual ya está siendo juzgado el mandatario local.

La cuestionada secretaria de Cultura de Ibagué, Cristina Prada, ha defendido el nuevo convenio con la Corporación Festival Folclórico Colombiano diciendo que esta organización tiene una amplia experiencia en la planeación y ejecución de este tipo de certámenes. De eso no hay ninguna duda.

Tan es así, que en la etapa precontractual definieron como requisito que las entidades sin ánimo de lucro que participaran en esta convocatoria debían tener, como mínimo, cinco años de experiencia en la organización de “festivales, carnavales y eventos de tipo folclórico a nivel municipal, departamental e internacional”

Las normas que omitieron 

Pero las normas que rigen la contratación de Entidades Sin Ánimo de Lucro exigen no solamente experiencia; también deben que acreditar capacidad económica para ejecutar el convenio. 

Este último factor es determinante, pero la Secretaría de Cultura y la Oficina de Contratación de la Alcaldía de Ibagué acordaron no tenerlo en cuenta, pues sabían que si evaluaban la situación financiera de la Corporación sencillamente se quedaba por fuera del concurso. 

El Decreto 092 de 2017, en su artículo tercero, habla de la “Reconocida idoneidad” que deben tener las Entidades Sin Ánimo de Lucro que pretenden contratar con el Estado.

“La Entidad Estatal debe definir en los documentos del proceso las características que debe acreditar la entidad sin ánimo de lucro. Para el efecto, deberá tomar en consideración las pautas y criterios establecidos en la guía que expida la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-” reza el Decreto. 

Precisamente, esa guía señala explícitamente que la Alcaldía de Ibagué debió revisar la situación financiera de la Corporación Festival Folclórico, pero no lo hizo. 

“La Entidad Estatal debe establecer criterios objetivos relacionados con los resultados financieros de las entidades sin ánimo de lucro, así comparar su idoneidad y contratar con la ESAL (Entidad Sin Ánimo de Lucro) que muestre resultados sólidos. La entidad Estatal puede verificar estos indicadores a través declaraciones tributarias, estados financieros o en caso de tenerlo, el certificado del RUP”, advierte la guía de Colombia Compra Eficiente. (Ver: Guía de Colombia Compra Eficiente - página 15)

Los pésimos indicadores económicos que no quiso ver la Alcaldía

Tres expertos financieros de Ibagué, quienes no se conocen entre sí, analizaron los estados financieros que aportó la Corporación Festival Folclórico Colombiano en este millonario proceso contractual. (Ver: Corporación Festival Folclórico mintió para quedarse con el contrato de $2.605 millones para organizar las fiestas de junio)

Todos coincidieron en que la Administración Municipal no debió adjudicarle este convenio por su “incapacidad financiera”. (Ver: Estados financieros de la Corporación Festival Folclórico)

La Corporación reconoció en sus estados financieros que tiene un endeudamiento del 95 %, que les adeuda a sus proveedores $727 millones y reportó pérdidas acumuladas (2017 y 2018) por $773 millones, lo cual se refleja su incapacidad para afrontar sus obligaciones operativas actuales.

Además, sobre esta entidad pesa un embargo por más de $216 millones que reclama la firma bogotana Moriah Company, beneficiada con la triangulación de recursos del Alumbrado Navideño de 2016. 

Pero la secretaria de Cultura, Cristiana Prada, y la directora de la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Ibagué, Jennifer Aya, las mismas del fallido contrato del concierto de Carlos Vives, pasaron por alto la severa crisis de la Corporación Festival Folclórico y le entregaron el ‘salvavidas’ de $2.605 millones.  

Este convenio ya está siendo revisado por la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía General de la Nación.