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“Es que somos jodidamente ilegales”: Uber

Senador de la República

Un escándalo sobre las ilegalidades, el matoneo y la corrupción de Uber sacude al mundo, luego de que un alto ejecutivo de la empresa, Mark MacGann, le entregara a The Guardian 124.000 documentos –los Uber Files– que destaparon cómo fue que el norteamericano Travis Kalanick montó gran un negocio abiertamente ilegal, diseñado para presionar y someter a las autoridades de centenares de ciudades del mundo y sobornar a quienes le facilitaran sus agresiones al taxismo legal.

Los textos entre comillas son de El País de España (ver enlace, con resaltados agregados).

“El informante, quien renunció a Uber porque se sentía ‘horriblemente equivocado’, también afirmó: ‘La empresa estaba dispuesta a romper todas las normas, a usar todo su dinero y su poder para impactar’”.

“Uber me contrató –dijo MacGann– para liderar el equipo que desarrollaría nuestras estrategias de lobby con los gobiernos en Europa, África y Oriente Medio, de forma que pudiésemos entrar en esos mercados y crecer a pesar de que la mayoría de las veces las normas no permitían a Uber operar”. Y reiteró: “En la mayoría de países bajo mi jurisdicción, Uber no estaba permitido, no estaba autorizado, no era legal”.

“P. ¿Entonces se puede decir, sin miedo a equivocarse, que la estrategia consistió en saltarse la ley y luego cambiar la ley? R. El mantra que la gente repetía en todos los despachos venía desde la cúpula: no pidas permiso, simplemente lanza a Uber, presiona, alista conductores, sal (a la calle), haz marketing”.

“P. Cuándo se reunía con presidentes, primeros ministros, altos funcionarios, alcaldes, ¿cómo de difícil era cerrar esos encuentros en nombre de Uber? R. Creo que nunca, en mi carrera precedente, había tenido un acceso tan fácil a altos puestos de gobierno, jefes de Estado. Fue embriagador”.

En Rusia Uber forjó acuerdos con varios grandes empresarios cercanos al gobierno. “Llegó a pagar unos 300.000 dólares” a un congresista por sus ’relaciones gubernamentales’”. Un alto ejecutivo de Uber, Fraser Robinson, comentó “que esas prácticas podrían infringir la ley estadounidense contra el soborno de funcionarios extranjeros. Los abogados advirtieron que los pagos podrían ser vistos como sobornos para ‘lubricar la maquinaria’, señaló Robinson”. Y los Uber Files también prueban que usaron las acciones de la empresa en las bolsas de valores para pagarles a sus compinches.

En los archivos de Uber aparecen encuentros con Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Emmanuel Macron, ministro de economía de Francia, a quien por sus cercanías con Uber han pedido investigar en el parlamento de ese país. Hasta hablaron con Joe Biden en una de las reuniones de Davos. Y Uber usó “exfuncionarios públicos para presionar gobiernos locales, como pasó con Neelie Kroes, ex ministra de Transportes holandesa”, quien “se convirtió en presidenta del consejo asesor de políticas públicas de Uber”.

“Somos esclavos de Uber”, dicen sus conductores, que “soportan sueldos bajos (y) jornadas maratonianas”, los que desenmascara el falso amor de la empresa por sus asalariados, a quienes con engaño presentan como “socios”, para negarles sus derechos.

¿Y en Colombia, qué? Igual o peor. Uber desembarcó aquí a ser “jodidamente ilegales”, para usar la frase de uno de sus ejecutivos. Vino a mentir y a engañar con cinismo, contratando rábulas capaces de decir que “no hay normas que prohíban este negocio”, mentiras también calculadas para armar a lobistas y alcahuetas, en las esferas pública y privada, y facilitarles a presidentes, ministros y superintendentes no aplicarle la ley a la trasnacional, como con descaro ha ocurrido. Además vino a instigar una campaña de descrédito de tono fascistoide contra los propietarios y conductores de 250.000 taxis legales, cuyo crimen es trabajar en el negocio que ambicionan estos encopetados piratas internacionales.

Coletilla: que el gobierno de Gustavo Petro no sea el tercero que permita violar la Constitución y la ley a favor de Uber y de otras plataformas ilegales.

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