"En mis administraciones no saqueamos el Ibal": Rubén Darío Rodríguez

Después de casi tres meses, vuelve a la escena política el exalcalde Rubén Darío Rodríguez, no solo en reuniones con la comunidad, sino también rechazando las declaraciones del alcalde, Guillermo Alfonso Jaramillo, por el  supuesto ‘saqueo’ al que fue sometido el Ibal desde su creación hace 17 años.

Rodríguez, en una carta dirigida al ELOLFATO.COM, señaló que él ha sido el ‘único’ mandatario de la ciudad que no ha utilizado la empresa de servicios públicos como un fortín para favorecer a políticos, empresarios y familias ricas de Ibagué. (Ver: Resolver el problema del agua, el reto personal del Alcalde de Ibagué)

Además, el exalcalde de Ibagué señaló que durante sus administraciones, comprendidas entre 1992 a 1994  y de 2003 a 2007, él y sus funcionarios salvaron el Ibal de ser intervenido por la Superintendencia de Servicios Públicos. “Quiero aclararle que en mi período la empresa no fue saqueada, antes más bien, se salvó de la inminente intervención gracias a la gestión de nuestros gerentes, que cumplieron  al pie de la letra las recomendaciones de la Superintendencia de Servicios Público, es decir, no se puede generalizar", expresó en la carta el exmandatario.

El político Liberal también puso en tela de juicio las declaraciones del alcalde Jaramillo, quien afirmó que no le temblaría la mano con los poderosos de Ibagué. Asimismo, Rodríguez advirtió que 'los poderosos' no lo han apoyado durante los años en que se desempeñó como burgomaestre de la ciudad.

Cabe anotar que dos de los gerentes del Ibal durante la administraciones de Rodríguez, Ancízar Carrillo y José Adolfo Gómez, se encuentran con un fallo de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría Departamental, entidad que advirtió el no pago de los impuesto de Industria y Comercio durante sus períodos.

El organismo fiscal concluyó, el pasado mes de diciembre, que existió una conducta gravemente culposa por parte de los mencionados exgerentes, por lo que determinó fallar con responsabilidad fiscal, en cuantía de 135 millones contra Ancízar Carrillo y 45 millones contra José Adolfo Gómez González.