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Santiago José Castro Agudelo

El riesgo del estatismo

En plena pandemia del COVID-19 los populistas salen a pescar, confiados como están en que la ciudadanía aceptará cualquier medida que, de alguna manera, resuelva su situación particular. El gobierno de España ya anunció la activa intervención del gobierno en la economía y que la misma no será como reacción a la coyuntura, sino de aquí en adelante. A nivel mundial los gobiernos liberan recursos para tratar de enfrentar la crisis, pero el dilema es cómo hacerlo y a quién “beneficiar”.

Una salida es girar suficientes recursos a las empresas para que puedan mantener el pago de sus nóminas, medida que deja por fuera al 50% de la población económicamente activa que vive en la informalidad. Otra es incrementar los giros a los beneficiarios de programas de transferencias condicionadas como familias en acción y jóvenes en acción, en aras de inyectar recursos para el intercambio de bienes y servicios. Esto se puede ampliar para quienes viven “del diario”, como decimos en Colombia, y garantizar un ingreso mínimo que permita la supervivencia, es decir, poder comer, resguardarse y mantener el higiene básico.

Seguro habrá muchas más y los economistas están tratando de articular sus ideas. Sin embargo, vuelve a surgir un enfrentamiento entre quienes defienden más gasto público, burocracia y “política social”; y quienes defendemos más libertad, menos impuestos, menos obstáculos para la creación de empresas y un gobierno limitado a lo fundamental.

Los primeros han defendido siempre los impuestos progresivos y la intervención del gobierno en temas como salario mínimo, protección de la industria nacional, ampliación de los derechos sociales hacia nuevos escenarios. Los segundos venimos sosteniendo que las empresas generan puestos de trabajo y las inversiones requieren mucho capital, por lo cual una reducción de impuestos mejora las condiciones para todos; que el salario mínimo debe pensar en las regiones, donde la informalidad supera la media nacional y el costo de una relación laboral resulta muy alto para los pequeños empresarios; que la mejor forma de proteger la industria nacional es obligándola a competir, pero garantizando inversiones en infraestructura y líneas de créditos blandos, no cerrando la economía; y que los derechos sociales llevados al extremo generan una sociedad donde el trabajo se ve como un castigo y todo debe ser “gratis”, sin importar quiénes estén pagando la cuenta (Cuba es un buen ejemplo).

Sin un sector privado fuerte, los empresarios estarán a merced del gobierno de turno. De igual modo, cuando el estado concentra tantas funciones y los recursos para tratar de cumplirlas, aparecen los “empresaurios” listos a sobornar, a financiar campañas, a lo que sea; pensando no en la promoción de políticas públicas que puedan beneficiar a su sector, sino en el contrato que les van a dar después de ganar la elección.

El COVID-19 tiene a más de uno brindando porque les van a poder “cumplir” con los contratos que les prometieron, revisando cómo redactar proyectos para presentar y ganarse miles de millones alegando que se enfrenta mejor la pandemia, y por supuesto los políticos tradicionales están felices “gestionando” ayudas y exigiendo el agradecimiento de las gentes más vulnerables.

Nota: todos debemos ser solidarios y ayudar a los que lo necesitan en este momento. Esa ayuda debe incluir denunciar a los políticos que ya reparten mercados y elementos de higiene con su nombre y partido. Nos deben dar asco.