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El recurso de insistencia

Un buen gobierno, entendido como aquel que a través de la eficiencia y eficacia de la administración pública busca el mayor bienestar para sus asociados, necesita de la transparencia, la libertad de información, de expresión y de prensa para alcanzar mayores niveles de democracia y satisfacción ciudadana.  
 
De aquí que la administración pública reconoce a la gestión transparente como uno de sus principios debido a que esta trae beneficios en los mercados económicos y políticos. Lo contrario, la opacidad, lleva a la concentración de poder, afecta negativamente el desarrollo social y aumenta la desigualdad y le da oportunidad a la corrupción para que erosione la confianza de las personas en las instituciones y deteriore el crecimiento económico, la gobernabilidad y la democracia.
 
Así pues, la transparencia, poco a poco, se ha ido estableciendo como un objetivo político. Algunos gobiernos, inclusive desde su eslogan de campaña, han definido la transparencia como su principal principio. Además, desde la economía, gracias a la evidencia empírica obtenida en varios países, se afirma que la transparencia es un factor asociado al crecimiento económico.
 
Es de tanta importancia la transparencia que algunos países como Inglaterra, Canadá, México, Escocia, entre otros, han diseñado todo un arreglo institucional para fortalecerla. Por ejemplo, un caso cercano es Chile donde existe una ley de acceso a la información pública y un Consejo para la transparencia, y otro es EUA en donde se creó un organismo llamado “Oficina para el servicio de información gubernamental”.
 
Consecuentemente, las instituciones vinculadas a la transparencia ayudan a alcanzar progresos importantes en el funcionamiento del Estado, la eficiencia del gasto público, la confianza en las instituciones, y un freno a la corrupción y clientelismo. La medula de estos nuevos arreglos está en el acceso a la información pública AIP como herramienta fundamental.
 
El Acceso a la Información Pública colabora con el aumento de la calidad de las políticas públicas y con la formulación de estas por parte de los mismos grupos de interés. El deber ser para la AIP es que esta se entregue de manera proactiva, es decir, la entidad pública debiera publicar de manera permanente y sin mediar requerimientos toda aquella información producida por los gobiernos y que inciden en el libre mercado económico y político de su jurisdicción.  
 
El mayor reto para el establecimiento del acceso a la información pública es la tradición, si se quiere condicionante estructural, del secreto de lo público, y de los costos asociados a la organización de la demanda por información. Dicha tradición hace que la AIP sea reactiva, es decir que solo es entregada frente a una solicitud, situación poco deseable para alcanzar los objetivos de un buen gobierno.
 
Este reto, como todos aquellos que traen como consecuencia el cambio de paradigmas es poco deseado por quien momentáneamente detenta el poder pero siempre será conveniente, tanto para los propios gobiernos como para la sociedad en general, que se establezca como principio de la gestión pública la gestión transparente sustentada en las AIP.
 
Finalmente, es prioritario anotar que el acceso a la información pública no es el único pilar de la gestión transparente, a este se le suma la rendición de cuentas y la cultura de cero tolerancia para la corrupción.    
 
Exdiputado del Tolima y docente universitario.

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