El precio de alzar la voz

En el ojo del huracán están constantemente los políticos de todos los partidos y de todos los colores. Desde el presidente de la república, los gobernadores y los alcaldes, hasta los secretarios y funcionarios de pequeños municipios, tienen detractores y son criticados en múltiples ocasiones.

Ello no sólo es normal, sino que, incluso, la Corte Constitucional de Colombia ha determinado que las actuaciones de los servidores públicos están sometidas a mayor escrutinio y rigor por parte de la ciudadanía, y que aquellos, a su vez, están llamados a tener niveles de tolerancia más altos con la crítica que los exigidos a un particular, debido a que sus comportamientos y decisiones impactan en la vida de las personas. (Sentencia T-203 del 2022)

En Ibagué para nadie es un secreto que el gobierno de la alcaldesa Johana Ximena Aranda ha transcurrido en medio de las polémicas: Uno de los cuestionamientos frecuentes que recibe la mandataria es por su papel en las redes sociales. Asimismo, por la sombra ineludible de su antecesor y recientemente por la oleada de denuncias públicas, debido al pésimo estado de la malla vial.

Algunos de los cuestionamientos emanan de actores con connotación pública, pero también de ciudadanos y ciudadanas de a pie que no se sienten conformes con el rumbo -o la desorientación- que le han dado a la ciudad.

Sin embargo, aunque la crítica pareciera un ejercicio esperado y necesario en un sistema democrático, lo cierto es que, en nuestro municipio, se ha estigmatizado a quienes se han atrevido a hacerlo.

Lo he visto en repetidas ocasiones: A quien denuncia que una obra no avanza se le tilda de “enemigo del progreso”; a quien pone en conocimiento público las malas prácticas administrativas y políticas, lo denuncian por “injuria y calumnia”. Y, en general, frecuentemente se les cuestiona con preguntas cómo “¿Y usted qué ha hecho por Ibagué?”, como si la carga del hacer no recayera sobre quienes administran el presupuesto, sino sobre los particulares que demuestran su inconformidad.

En la misma lógica, se ha vuelto particularmente espinoso hablar del desempeño de la mandataria; puesto que ella, su gabinete y contratistas procuran instrumentalizar el discurso de género, calificando las críticas a su gestión como ataques por el hecho de ser mujer.

Aunque es innegable que la violencia política hacia las mujeres existe y que hay quienes atacan en forma irrespetuosa y despectiva a la alcaldesa, también es necesario que ella y su equipo de trabajo sean conscientes de que los reproches referidos a su gestión y no a su humanidad no son un ataque de género; pues así como la sociedad está obligada a no violentarnos por el hecho de ser mujeres, este mismo hecho no nos exime del control político y ciudadano al que se someten voluntariamente todas aquellas que aceptan un cargo público.

Así, es necesario que como coterráneos quitemos el estigma sobre quienes han decidido poner el dedo en el reglón; pues cada vez que pretendemos callar a un crítico, fortalecemos a un político que no le gusta rendir cuentas.