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El pacto por la vida

Desde hace algunos años, en época de elecciones, los candidatos a las distintas corporaciones públicas son convocados por el “Comité ambiental por la vida” ha firmar un pacto de respeto por los recursos naturales y el agua en el departamento.

En principio ha sido una importante iniciativa del movimiento socio-ambiental para tratar de comprometer a alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y congresistas a gobernar con “responsabilidad ambiental” y fundamentalmente, para que tomen una posición frente al megaproyecto minero de La Colosa.

Si bien esta se originó como una iniciativa simbólica que se propuso poner en la agenda política del departamento el tema ambiental, ha empezado a perder su fuerza política y comenzado a tener un valor puramente ritual, incluso en la perspectiva de lo “políticamente correcto”.

Para quienes aspiran a ocupar los cargos de elección popular en el Tolima, firmar el pacto se convirtió en la oportunidad de ser vistos como “respetuosos” del ambiente y el agua, con todos los beneficios electorales que eso puede tener.

Incluso, del otro lado, el pacto empieza a ser usado para aceitar liderazgos personales, hacer relaciones políticas y, por qué no, prefigurar alianzas con los futuros gobernantes, lo cual, antes que fortalecer el movimiento, lo expone a las prácticas politiqueras de quienes la única conciencia ambiental que tienen es la conciencia de obtener lo votos de los ambientalistas.

Uno de los candidatos que instrumentalizó el pacto por la vida fue Luis H. Rodríguez, quien no solamente firmó sino que marchó por las calles de Ibagué en contra del proyecto de Anglogold Ashanti en Cajamarca.

Una vez en el cargo, abandonó su posición “activa” a favor del agua y el ambiente, y no hizo nada para impedir que esa multinacional tomara posesión de títulos mineros en el Cañón del Combeima, máximo baluarte hídrico de la ciudad y el departamento.

De hecho, hasta hoy, pese a las presiones de Cortolima y la Personería de Ibagué, esa empresa se niega a devolver los títulos mineros, y el alcalde, “el defensor de la vida”, guarda el silencio de los justos. Y ni hablar de su oposición a que en Ibagué se llevara a cabo una consulta popular que decidiera el tema.

La posición del Gobernador, aunque retóricamente más activa, ha sido absolutamente pasiva en términos de política. ¿Cuáles fueron las medidas administrativas y políticas que Luis Carlos Delgado Peñón tomó a favor del agua, de la soberanía alimentaria y del ambiente en Cajamarca y en el Tolima?

Yo no conozco ninguna. Fueron importantes sus discursos después de las últimas dos o tres marchas carnaval en la Plaza Murillo Toro, los eventos que avaló, como el Foro Constitucional por el Agua; y la fuerza que le imprimió a la iniciativa de las consultas populares, pero más allá de “mensajes” o “guiños” el señor gobernador no hizo nada para detener la amenaza ambiental que se cierne sobre el Tolima.

En su esfuerzo por quedar bien con el Gobierno y con el movimiento frente al tema de La Colosa, avaló todo tipo de iniciativas minero-energéticas que no son menos contaminantes, así sean de menor escala.

Creo que el movimiento debe ir más allá de un pacto declarativo “por la vida”. Este documento debe fijar claramente sus atributos, objetivos, condiciones, deberes y, por supuesto, sanciones, esto es, volverse vinculante.

Sanciones políticas a quienes incumplan su palabra. El movimiento no puede instrumentalizarse como plataforma política de nadie, y mucho menos para legitimar ante la ciudadanía candidaturas que posteriormente, en los cargos, le van a dar la espalda o a lo sumo “contentillo”.

En el plano “real” de la política, el efecto de las declaraciones es placebo: hacen sentir que “algo pasó” aunque realmente no sucedió nada.

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