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El botín de guerra

Terminadas las guerras en la antigüedad, el líder del ejército victorioso permitía a los soldados apropiarse de las pertenencias, bienes e incluso de las mujeres de los vencidos. Esta práctica documentada incluso en varios pasajes de la Biblia, se ha transportado en la actualidad al terreno de la confrontación por el poder político nacional y en nuestro caso al regional o local.

El bando ganador reclama el derecho omnímodo a apropiarse de la administración pública en todas sus facetas, entre otras las que tienen que ver con los cargos y los contratos en especial los de prestación de servicios.

Varias razones han ocasionado que los contratos de prestación de servicios se multipliquen día a día en la administración pública, en no pocas ocasiones las plantas de cargos son insuficientes y numerosas funciones de importancia terminan siendo ejecutadas por contratistas. En otros casos, el contrato de prestación de servicios es la moneda con la que se paga la fidelidad política. La práctica demuestra que la promesa: tú me eliges y yo te doy un contrato de prestación de servicios; es muy eficaz en el inframundo de la politiquería.

La vinculación de personas mediante órdenes y contratos de prestación de servicios para cumplir funciones permanentes de la administración, de manera subordinada es irregular e injusta, viola las disposiciones legales y origina inequidades porque el contratista debe pagar en su totalidad los aportes a la seguridad social,  manteniéndose  en permanente zozobra y  constante agonía,  implorando al altísimo no caer en desgracia con su jefe o su concejal, diputado, congresista o padrino recomendador. No siendo escasos los eventos en los que se sabe que el padrino exige remuneración al recomendado.

En el caso de la gobernación en la que la continuidad política es la regla en este período, por lo general sus contratistas de prestación de servicios respiran con tranquilidad.

No ocurre lo mismo en la Alcaldía de Ibagué y en Cortolima, entidades en las que el pánico cunde, evidenciándose incluso situaciones aberrantes de contratistas que han tenido esa precaria condición por quince o veinte años y han caído en desgracia, por cuenta de la llegada al poder de una corriente política que requiere los “espacios” para sus amigos y favorecedores.

La respuesta de la justicia, aunque insuficiente ha sido consistente: “Al contratista de prestación de servicios que logra demostrar que ha mantenido una relación remunerada, permanente y sobretodo subordinada, deben pagársele los emolumentos, prestaciones y aportes a la seguridad social omitidos”.

Prácticas como la que reseñamos que convierten en botín de guerra los cargos y los contratos, desafían el orden jurídico y congestionan la labor de los operadores de justicia a la que acuden los contratistas decapitados en búsqueda de la protección de sus derechos y nos muestran que poco hemos evolucionado desde que nos dividíamos entre “chulavitas” y “cachiporros”.

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