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Discotecas tienen cansados a residentes del barrio Ricaurte

El alto volumen de la música y las riñas en cerca de 10 establecimientos de comercio aledaños a la USI del Sur de la ciudad, tiene al borde del colapso a la comunidad.
Ibagué
Autor: Redacción Ibagué
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Redacción Ibagué
Foto: EL OLFATO

En un problema social se ha convertido para los habitantes de la zona residencial del Ricaurte, el funcionamiento de bares y discotecas ubicadas entre las carreras 11 y 13 Sur con calle 20 por los altos niveles de ruido a la madrugada y las continuas riñas que se generan producto de la ingesta de alcohol.

Lo curioso es que allí funcionan alrededor de 10 establecimientos de expendio de bebidas embriagantes y a menos de 200 metros funciona la Unidad de Salud de Ibagué y la institución educativa Carlos Blanco Nassar, sede de la José Antonio Ricaurte.

Alisson Prado, secretaria de la Junta de Acción comunal del Ricaurte, advierte que la problemática la padecen desde hace casi un año especialmente con la operación del local ‘Pa’ Salseros’ que ha sido cerrado en varias oportunidades por las autoridades.

“No entendemos porqué no se han tomado acciones frente a esta situación. Hemos acudido a Planeación y en lo que va de un año largo esto se nos llenó de discotecas son más de 12 o 13 discotecas. La problemática con esto es terrible: la música a todo volúmen, a cada rato se presentan riñas, los borrachos salen y se quedan en los andenes, hacen sus necesidades fisiológicas en las aceras y la paz en esto sector se acabó”,  se quejó Prado.

La comunidad ha radicado varios derechos de petición a la Secretaría de Planeación para que certifique si el uso del suelo es compatible para el desarrollo de la actividad comercial y, según Prado existe una contradicción al interior de la entidad oficial.

Esto en razón, a que al ser un corredor de comercio especial y zona residencial secundaria se permite el ejercicio de actividades comerciales para la venta de licor, pero otros tienen prohibido esta actividad en razón al Plan de Ordenamiento Territorial de 2014.

Los establecimientos destinados al expendio y consumo de licor no podrán ubicarse una distancia inferior a 200 metros medidos entre los puntos más próximos del posible establecimiento de centros asistenciales de salud, educativos y/o de culto”, se establece en el POT.

Para la Secretaria de la JAC, la Secretaría de Planeación y la inspección de Policía deben emprender acciones correctivas y obligar al cumplimiento de la isonorización de los establecimientos para reducir el impacto en la calidad de vida de la comunidad.

Aunque se intentó dialogar con el director del POT, Ismael Molina, sobre el funcionamiento de los bares, no se tuvo respuesta del funcionario.

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