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Denuncian al Alcalde de Ibagué y a su exsecretaria de Bienestar Social por compra de mercados para la emergencia del COVID-19

La Fiscalía General de la Nación determinará si hubo un presunto interés indebido en la firma del contrato para la compra de 52.000 mercados por valor de $5.575 millones.
Ibagué
Autor: Redacción Ibagué
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Redacción Ibagué
Foto: Alcaldía de Ibagué

El concejal Javier Alejandro Mora denunció penalmente al alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, y a la exsecretaria de Bienestar Social Martha Lucía Villarreal, para que se investigue si pudieron incurrir en un interés indebido en la celebración de contratos en la compra de 52.000 mercados para ayudar a la población vulnerable en medio de la emergencia.

Según el cabildante hay un presunto sobrecosto de $472.192.149 aunque el valor del contrato ascendió a los $5.575 millones y se ha pagado al contratista la suma de $2.787.669.300. (Ver: Personero indaga posibles irregularidades en compra de mercados por la Alcaldía de Ibagué)

"En este orden de ideas y teniendo en cuenta solo se justifica el cobro adicional de las estampillas (3,5 %), y que no se incurrieron en otros gastos como pólizas, ni de transportes, ni de otras tasas o contribuciones diferentes a las  que paga cualquier  ciudadano a la hora de realizar sus compras, evidenciamos un presunto sobrecosto equivalente a casi el 10 % del valor del contrato y que a su vez podrían ser constitutivos de faltas disciplinarias, hallazgos fiscales y hasta delitos", señala Mora.

Para el cabildante con los recursos del presunto sobrecosto se hubieran comprado cerca de 5.200 ayudas alimentarias adicionales para la población más necesitada.

El Código Penal establece que la conducta de interés indebido se tipifica cuando "el servidor público se interesa en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones" lo cual podría dar una pena de cuatro a 12 años de prisión.

La exsecretaria de Bienestar Social Martha Villarreal suscribió el contrato, como ordenadora del gasto, con el empresario Carlos Alvarado. Sin embargo, para el concejal Javier Mora, el Alcalde de Ibagué no puede eximir su responsabilidad pues debe velar por el uso adecuado de los recursos públicos. (Ver: Martha Villarreal deja la Alcaldía de Ibagué e ingresará a la Gobernación del Tolima)

"La delegación no exonera de responsabilidad al delegante, el cual tiene un deber de  orientación,  vigilancia  y  control  sobre  el  delegante. Por todo lo anterior, en aras de salvaguardar los recursos públicos y en virtud del programa 'transparencia para la emergencia', de manera respetuosa les solicito adelantar las investigaciones disciplinarias, fiscales y penales a las que haya lugar por la presunta violación del principio de economía, conducta que puede derivarse en un presunto daño patrimonial e interés indebido en la celebración de contratos y en los que ustedes consideren en contra de Andrés Fabián Hurtado Barrera y Martha Lucía Villarreal Montealegre y los demás que se consideren responsables", concluye Mora en su denuncia.

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