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Corrupción e imposturas en la política regional y nacional de Colombia

Exhuma con suma destreza nuestro querido tolimense (de los verdaderos hombres liberales e ilustrados), Hermes Tovar Pinzón, los siguientes datos de los líderes fundacionales de la patria.

El general Tomás Cipriano de Mosquera pidió al Estado un préstamo de más de un millón de pesos (una parte significativa del presupuesto nacional para 1864) con el fin de financiar una empresa privada, que posteriormente nunca se realizó, y crédito que por supuesto nunca pagó.

Diez años antes se había hecho adjudicar más de 128 mil hectáreas de baldíos (gracias a las influencias de paisanos y familiares) en “reconocimiento” por sus esfuerzos como “empresario de caminos”. El presidente José Hilario López se hizo adjudicar más de 6.464 hectáreas de tierras baldías en el Huila, principalmente, entre 1855 y 1856.

El presidente Francisco de Paula Santander orquestó la entrega a su favor de más de 6400 has de suelo baldío del “Carare” para 1835 (Corrupción, Metáfora de Ambición y Deseo, Universidad de los Andes, 2014, pp. 109-140). El inventario de saqueos sería infatigable, y las pruebas que implican a testaferros y bribones de menor valía, en la vida política de la segunda mitad del siglo XIX, son mucho más escandalosas.

José Eusebio Caro y Miguel Antonio Caro (padre e hijo), además de ser destacados hombres de letras, también fueron burócratas consumados a finales del siglo XIX. Y recibieron todo tipo de adjudicaciones de baldíos, apelando a un despliegue enorme de adulaciones cortesanas en cada puesto público que ocuparon.

Cuento esta historia para mostrar que después de un siglo o más, las viejas técnicas de captura de los bienes públicos, y su compleja red de justificaciones retóricas, ideológicas y cínicas, en nuestra clase dirigente, no han cambiado absolutamente nada.

Lo mismo que sus inveteradas formas de intimidación y agresión de los subalternos que pudieron preguntar “algo indebido”, o simplemente, de las capas sociales medias que quisieron en su momento hacer parte de la orgía presupuestal.

Dice un entrevistado sobre el jaramillismo a finales de los setentas del siglo XX en El Líbano, Tolima, que un sargento, durante una jornada electoral, se indignó profundamente por la descarada manipulación a la cual se sometía al votante.

Y claro, la reacción levantisca de los barones electorales no se hizo esperar: “lo voy a hacer destituir de su cargo”, “voy a llamar ya a su superior”, a lo que le siguieron gritos y expresiones soeces. Se destacaba entre las voces la de Hilda de Jaramillo, una importante “hacedora” de barrios precarios como medio de captura del votante en varias ciudades del país.

El retrato del entrevistado me mostró con mucha fidelidad la típica corrupción de la política, pero también la misma capacidad de asociar la violencia del poder político con la captura total del elector, y cómo este maridaje puede asegurar el despliegue de todo tipo de fechorías vinculadas al manejo de los recursos públicos. Situaciones que no distan en nada de las cualidades delincuenciales de Mosquera y López, quienes se encumbraron social y políticamente apelando a una verdadera empresa de ilegalismos.

En el 2005, recuerdo con nitidez un episodio con un descendiente directo del General Mosquera. Se trataba de Juan José Chaux Mosquera, gobernador del Cauca en su momento y actualmente procesado por parapolítica.

En medio de una extraña hibridación de discursos regionalistas, adulaciones variopintas a los asistentes, narrativas tecnocráticas con pretensiones cientificistas, invocaciones a la gloria de su ascendiente, y demás elogios de sí mismo por su probidad, transparencia y desaforada sensibilidad por la pobreza de indios, campesinos y negros; dejó caer varias amenazas contra el equipo técnico de una ONG por su “complicidad” con los gobiernos de “izquierda”.

Literalmente expresó: “a esos alcaldes les voy a dar balín”. Me encontraba directamente cuestionado, pues mis argumentos apelaron a cifras y experiencias exitosas de los gobiernos locales indigenistas o campesinistas, e invitaban a replicarlas en tanto que contribuían a profundizar la democracia y otras formas de desarrollo.

Pues bien. El episodio me trae a la memoria la ferocidad y ambición criminal del “gran general” Tomás Cipriano de Mosquera, pero también la capacidad retórica y cínica del hombre letrado que ha forjado nuestro país, y que muchas veces proviene de las clases medias. Figura que encarnó Miguel Antonio Caro, como burócrata letrado y aspirante al poder, pero ante el cual Mosquera Chaux es una ridícula imitación.

Sentí que este señor podía transitar de la ignominia al cosmopolitismo, de la violencia a la tolerancia, de la muerte a la multiplicidad de la vida, en fin, un verdadero cuadro de trastornos producidos por una representación esquizoide del mundo, la cual es típica de cualquier colombiano ambicioso y relativamente ilustrado.

Y ciertamente, esta personalidad social, heredada del siglo XIX, se suele exacerbar cuando nuestros políticos, de derecha o izquierda, se adentran en la empresa delincuencial de gobernar o conquistar cualquier forma de poder.

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