Contratista que Jaramillo trajo de Bogotá fue sancionada por la Personería Distrital
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Sandra Milena Rodríguez Amarillo, contratista de la Alcaldía de Ibagué desde septiembre de este año, fue sancionada por la Personería de Bogotá. (Ver documento)
Rodríguez Amarillo, quien fue traída por el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo para asesorar y desarrollar un proyecto relacionado con el espacio público de Ibagué, acaba de ser destituida e inhabilitada por diez años debido a las irregularidades en la suscripción de un convenio de asociación por cerca de $ 38 millones con la Corporación de Servicios de Colombia cuando ejercía como alcaldesa de la localidad de Tunjuelito.
Al parecer, la actual contratista de la Alcaldía aprovechó su condición de alcaldesa de esta localidad para eludir la convocatoria a un concurso público y suscribirlo directamente.
El convenio estableció que el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito aportara $ 34 millones y la Corporación de Servicios de Colombia $ 3.4 millones, en un plazo de ejecución de tres meses contados a partir del acta de inicio suscrita en enero de 2015.
La investigación determinó que la exfuncionaria contrató para “aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de reorganizar los frentes de seguridad ciudadana (…) adecuando óptimamente los diferentes dispositivos electrónicos, como las alarmas comunitarias…”
De acuerdo con el fallo, con la firma del convenio se eludieron los principios de transparencia, publicidad y selección objetiva de la contratación estatal, además se desconoció realizar una convocatoria pública para escoger la más adecuada y eficaz propuesta.
En este caso, el convenio de asociación se utilizó indebidamente al adquirir servicios, que deben ser surtidos mediante concurso público y no a través de una figura excepcional, en la que se aúnan esfuerzos con organizaciones altruistas para impulsar programas de defensa y protección de personas en debilidad manifiesta, minorías, derecho a la educación, entre otras.
Contra esta decisión ya procede el recurso de apelación, el cual será resuelto por la Personera de Bogotá en una segunda instancia.
El contrato de Rodríguez con la administración municipal, suscrito por un valor de $ 18 millones, está contemplado hasta el 18 de diciembre del presente año, el cual puede seguir ejerciendo sin contratiempos hasta que no se conozca el fallo en segunda instancia que ratifique o no su destitución e inhabilidad.
