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Contraloría destapa irregularidades del contrato IBAL - PRESEA

Investigación
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El polémico contrato que suscribió la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado, IBAL, y el consorcio Presea el año pasado, por 3 mil 800 millones de pesos, estuvo rodeado irregularidades e incumplimientos, asegura un informe de la Contraloría de Ibagué.

El documento de 36 páginas, al que tuvo acceso ELOLFATO.COM, revela que ese contratista se ganó la licitación acreditando una experiencia que no tenía y no le entregó a la empresa el software que se comprometió a implementar. Estas son sólo dos de las conclusiones de la Contraloría Municipal.

Sobre este último punto, el secretario general del IBAL, Ricardo Arroyo, confesó públicamente que Presea provocó un retroceso tecnológico al IBAL de casi 15 años y esa declaración no le gustó para nada al gerente de la empresa, Carlos José Corral, quien se mostraba alterado cada vez que criticaban a ese contratista.

¿Contrato adjudicado ‘a la brava’?

El consorcio Presea se ganó este millonario con una aparente omisión que terminó favoreciéndoles, y de qué manera, advierte el ente de control fiscal.

Hay que recordar que algunos funcionarios del IBAL vieron con preocupación que una exfuncionaria de la empresa, cercana a los directivos, terminara como representante de Presea una vez se ganaron el contrato.

Pero entremos en materia. Sostiene el informe que la licitación pública 003 de 2013 adjudicada a Presea Ibagué se dio “sin que cumpliera con el requisito habilitante de experiencia, al acreditarle al consorciado PRESEA APARTADO S.A. E.S.P. la experiencia presentada por la Empresa Aguazul Bogotá S.A. E.S.P, sin que la misma hubiese sido acreditada de manera clara y especifica por el consorciado”.

Una vez revisadas, estudiadas y analizadas las propuestas presentadas por los dos únicos oferentes dentro de la licitación pública número 003 de 2013 del IBAL S.A. E.S.P, el equipo auditor de la Contraloría pudo evidenciar que el oferente “CONSORCIO PRESEA IBAGUE aportó dentro su experiencia habilitante los contratos de gestión número 1-99-35100-633-2007 y el 1-99-8000-605-202, suscritos entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P, y la sociedad AGUAZUL BOGOTA S.A. E.S.P. (Quien no hizo parte dentro del consorcio oferente)”.

De conformidad con la certificación suscrita por el revisor fiscal de la Empresa Aguazul Bogotá S.A. E.S.P, Jenny Edith Santamaría Franco, manifiesta que la sociedad Presea Apartadó S.A. E.S.P, posee 536 acciones que representan un porcentaje de participación del 13,40% dentro de la sociedad Aguazul S.A. E.S.P.

Y añade: “Partiendo sobre el precepto que Proponente es toda persona natural o jurídica que aspire a celebrar contratos con las entidades estatales, la evaluación debe realizarse sobre la persona que realiza la oferta, ya que es ella en últimas quien en el evento de ser adjudicataria, será quien ejecute el contrato propuesto bajo su responsabilidad y riesgo. En el caso que nos ocupa, PRESEA APARTADO S.A. E.S.P. y Aguazul S.A. E.S.P. son personas jurídicas distintas, con estatutos, objeto social y representación legal separada y diferente”.

Por eso, conceptúa la Contraloría que: “PRESEA APARTADO S.A. E.S.P, al poseer una participación accionaria dentro de la sociedad Aguazul S.A. E.S.P, permite inferir que obtiene beneficios económicos de las actividades realizadas, pero al final son dos personas jurídicas diferentes, y en consecuencia con experiencia técnica independiente, que no permite confirmar o por lo menos sugerir que PRESEA APARTADO S.A. E.S.P efectivamente participó en las actividades, acciones o labores que pretende que se le acrediten de manera subjetiva como requisito habilitante, mucho menos si las mismas no han sido evaluadas, aceptada y acreditadas ante la respectiva Cámara de Comercio (RUP)”.

Estos hechos encendieron las alarmas de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y la Procuraduría Provincial de Ibagué, pero en su momento la administración local decidió seguir adelante con este fracasado y oscuro proceso.

¿Les hicieron conejo con el software?

El gerente del IBAL, Carlos José Corral, defendió a ultranza a este contratista porque, supuestamente, traería la innovación tecnológica que la empresa no era capaz de conseguir.

Ahora, la Contraloría de Ibagué, muestra que ese anhelado progreso no llegó. “Se pudo comprobar mediante el informe técnico al software y obligaciones en tecnología (…) que el contratista estaría recibiendo una remuneración sobre una oferta realizada en equipos, software, actividades y personal mínimo, que no cumplen con lo que realmente se contrató”

Reinó el desorden

La relación entre el IBAL y Presea fue difícil, por lo menos en términos contractuales. Los incumplimientos hallados por la Contraloría muestran que el contratista no les entregaba oportunamente la información para cumplir con obligaciones tributarias, por ejemplo.

“Para el día 31 de Julio de 2014, mediante oficio 600-142, la directora administrativa de Ibal informaba al interventor del contrato que a la fecha no se habían elaborado informes financieros ni contables del primer semestre, debido a que el contratista había entregado la información de manera extemporánea”, cita el informe en la página 23.

Pero hay más. “Mediante oficio 632-067 de fecha marzo 17 de 2014, el Jefe del Grupo Financiero, el tesorero y el Jefe de sección Contabilidad e Impuestos del Ibal, informaban no solamente del incumplimiento por parte del contratista en el suministro de la información, sino el incumplimiento en los compromisos adquiridos en el acta No. 025 del 7 de marzo de 2014. En esa acta, se acordó junto con el contratista que la información del mes de febrero de 2014 se entregaría el 10 de marzo de 2014, y la información sobre el tiempo que había transcurrido de marzo se entregaría el 14 de ese mismo mes. Ambos compromisos fueron incumplidos por el contratista”.

¿Y la Procuraduría en silencio?

Del cuestionado contrato de Presea sorprende el cambio de actitud de la Procuraduría Provincial de Ibagué que en la etapa precontractual estuvo atenta a cada actuación pero después de la adjudicación no se conoce el resultado de investigación alguna.

Este ente de control actúo rápidamente en el caso del auxiliar de tesorería que se robó más de 70 millones de las cuentas del IBAL, pero no ha sido igual de veloz en el proceso que involucra a la cúpula de la empresa que adjudicó este contrato por 3 mil 800 millones de pesos.

 
 
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