Contraloría de Ibagué establece posible pérdida por $408 millones en programa de alimentación escolar
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La Contraloría de Ibagué estableció un presunto detrimento por la suma de $408 millones en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en las instituciones educativas oficiales para la vigencia 2018. (Abren investigación en contra de la Secretaria de Educación de Ibagué por irregularidades en el PAE de 2018)
Según la Contraloría municipal, no existen los soportes de registro de la entrega de las raciones dadas a los niños, niñas y adolescentes de los colegios públicos, entre los meses de mayo a noviembre de ese mismo año.
El órgano de control hizo la respectiva auditoría a los contratos 2108 y 1962 ejecutados por la empresa Construyamos Colombia que fue contratada a través de la Bolsa Mercantil.
Sin embargo, la Contraloría estableció que la Secretaría de Educación, que tenía a cargo la supervisión del contrato, habría autorizado el pago a favor del contratista, sin los debidos soportes, por lo que le atribuye una falta de control y gestión.
Violación de la ley
Sin embargo, la Contraloría hará traslado a la Fiscalía y a la Procuraduría, debido a que posiblemente la Secretaría de Educación violó el principio de anualidad al extender la ejecución del contrato con Construyamos Colombia al primer semestre de este año, sin autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias por parte del Concejo municipal.
Según se estableció, el contrato 2108 cuyo costo era de $5.938 millones fue suspendido el 23 de noviembre de 2018. Los argumentos expuestos por la Secretaría de Educación municipal, fue que debido a que la población de estudiantes fluctúa entre noviembre y dicembre, además del cese de actividades por el paro de maestros, hubo un saldo en la ejecución del contrato por $2.807 millones.
La Administración autorizó para que se ejecutara este presupuesto en el primer semestre de 2019 sin pedir al Concejo de Ibagué la autorización para comprometer vigencias futuras.
La Contraloría sostiene que la vigencia fiscal comprende desde el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año, de modo tal que el presupuesto del contrato 2108 no se ejecutó en la vigencia correspondiente y se requería constituir una reserva presupuestal y ser autorizada por el cabildo lo cual se omitió.
Por otro lado, la Contraloría cuestionó los argumentos expuestos por la Secretaría de Educación para justificar la suspensión del contrato y que se hubiera extendido al año siguiente.
El órgano de control advirtió que “ pareciera que la Administración municipal, quisiera cubrir la falta de planeación, la precaria matriz de riesgos del contrato, las deficiencias en la planeación contractual y el interés por no generar pérdidas de apropiación como supuesto indicador de eficiencia y eficiencia” al haber extendido el plazo contractual.
Para la Contraloría, los funcionarios de la Administración municipal que intervinieron en el proceso habrían vulnerado los principios de planeación, transparencia y de economía establecidos en la ley de contratación estatal.
La Administración, según la Contraloría, pudo haber establecido un valor menor en el contrato, es decir, que con los $3.200 millones ejecutado por el operador se podría haber dado cumplimiento al PAE sin necesidad de romper el principio de anualidad.
