Concejales denuncian amenazas por fotomultas

Ibagué

24 Jul, 2014

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Los 14 concejales de Ibagué que entregaron las facultades al alcalde Luis H. Rodríguez para concesionar el negocio de las fotomultas hasta por 20 años, pidieron a la Fiscalía y la Policía que investiguen a las personas que los han insultado y amenazado a través de las redes sociales.

La presidenta de la corporación, Linda Esperanza Perdomo, dijo que serán las autoridades las que determinen qué posibles delitos se pudieron configurar tras la arremetida de comentarios que circularon en Facebook en las secciones de comentarios de portales informativos de Ibagué.

“Sabemos que algunos comentarios fueron borrados, pero los equipos forenses del CTI y la Fiscalía pueden rastrear y recuperar las direcciones IP de los computadores desde los que se escribieron los mensajes”, sostuvo Perdomo, quien ofreció una conferencia de prensa en compañía del comandante de la Policía Metropolitana, coronel Óscar Gómez Heredia, y el subdirector del CTI de la Fiscalía en el Tolima, Juan Carlos Pinzón.

Ahora, tanto la Policía como el CTI recibirán las denuncias de cada concejal y comenzarán las investigaciones para dar con el paradero de quienes insultaron, injuriaron o amenazaron a los 14 concejales que autorizaron al alcalde Luis H. Rodríguez para que concesione hasta por 20 años la operación de las fotomultas.

Esta situación de acoso a la que han estado sometidos los concejales provocó la solidaridad del alcalde Luis H. Rodríguez, quien el pasado lunes, en la audiencia de socialización de esta polémica iniciativa, dijo que les agradecía “su compromiso con la ciudad”.

“Sé que no he hecho nada ilegal”

La concejal Linda Esperanza Perdomo aprovechó para defender la autorización que le entregaron a la administración municipal para que concesione hasta por 20 años la operación de las fotomultas y que el inversionista privado se quede con el 60 por ciento del recaudo de estas infracciones, según el estudio que entregó la secretaría de Tránsito.

La señora Perdomo dijo que votó a favor convencida de la conveniencia de este proyecto y que no se siente engañada por la administración local que les presentó un estudio cuestionado y elaborado por un ingeniero experto en acueductos.

“Yo no me siento engañada, sé lo que aprobé. Sé que no he hecho nada ilegal, la ley me permite otorgarle las facultades al señor alcalde. Yo leí el proyecto. El proyecto no es ilegal”, resaltó la concejal.

Aclaró, que la función del Concejo no es la de determinar “si un estudio es adecuado o no, o el que el contrato que se le entregó a ese señor cumplió o no los requisitos”.