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Concejales de Ibagué sancionados por la Procuraduría retomaron labores en medio de controversia

En total 13 de los 14 concejales suspendidos acudieron este miércoles al recinto. Sin embargo, algunos de los cabildantes argumentaron que debían retomar labores el pasado 16 de octubre y la duda está en quién asumirá los $160.000.000 que dejaron de devengar por concepto de honorarios.
Ibagué
Autor: Redacción Ibagué
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Redacción Ibagué

Con el pie izquierdo retomaron labores este martes 13 de los 14 concejales suspendidos por nueve meses por la elección irregular del Contralor de Ibagué, Ramiro Sánchez.

Al cabildo asistieron Linda Perdomo, William Rosas, Ernesto Ortíz, Oswaldo Rubio, Hasbledy Morales, Carlos Andrés Castro, Humberto Quintero, William Santiago, Víctor Gracia, Juan Ávila, Jorge Bolívar, Marco Tulio Quiroga y Víctor Julio Ariza. Quien no asistió fue el concejal Harol Lopera del partido Mira. 

Sin embargo, hubo una controversia pues los cabildantes debían regresar a sus labores el 14 de noviembre como dejó constancia el presidente encargado, Juan Pablo Salazar Achuri.

Sin embargo, el nuevo presidente de la corporación, Marco Tulio Quiroga, citó a los mismos a sesión ordinaria este miércoles.

Pero la concejal Linda Perdomo señaló que según el fallo del Tribunal Administrativo que negó la tutela interpuesta por el concejal Quintero en octubre, se dejó constancia que la sanción cesaba el 15 de octubre y podría retomar labores a patir del 16 de ese mismo mes.

Según la cabildante en respuesta a derecho de petición, a través del cual solicitó la fecha y hora de ingreso a las labores, Salazar señaló que este procedía a partir del 14 de noviembre.

"Me permito dejar constancia en el error en que incurrió el concejal Juan Pablo Salazar Achuri en el sentido de que computó mal el término de la sanción que nos fue impuesta fungiendo como Presidente del Concejo municipal Ibagué (...) Quiero dejar la constancia de que el señor concejal Juan Pablo Salazar Achuri en calidad de presidente encargado me llevó a cometer un error y no permitió mi ingreso ni permitió el llamado a lista desde el 16 de octubre", dijo.

La cabildante solicitó a la Fiscalía investigar si hubo una extralimitación de funciones por parte de la mesa directiva del cabildo que no permitió llamar a lista a los concejales que debían retomar labores el mes pasado.

Según Perdomo,  la duda es quién asumiría el costo de las sesiones en las que no fueron llamados. Los honorarios que dejaron de devengar estarían por cerca de los $160.000.000.

Para el concejal Humberto Quintero, por las sesiones de octubre y noviembre a las que no se les permitió asistir se le deberá reconocer $11'455.873 a cada uno de los concejales sancionados.

En su defensa Salazar, aseveró que actuó bajo la Ley y que la sanción cobró vigencia a partir del 13 de febrero y tenía vigencia hasta el 13 de noviembre.

"Dejo constancia que actué bajo el marco legal colombiano, en aras de no caer en un prevaricato por omisión a no darle cabal cumplimiento a la Ley 774 de 2002 mi actuación ha sido de buena fe. No he cometido delito alguno como se me endilgan en las constancias que están dejando y que no me parecen justas", dijo Salazar.

La concejal Perdomo dijo que Salazar deberá responder ante los tribunales.