Con resoluciones ‘exprés’, Cortolima favorece concretera de político y pide traslado de colegio cristiano

Tres resoluciones ‘exprés’ fueron suficientes para que Cortolima solucionara los problemas legales y ambientales que enfrentaban la concretera Boylam y sus propietarios: Óscar Berbeo, exconcejal de Ibagué y compadre del alcalde Luis H. Rodríguez, y Jorge Alexander Pérez, contratista responsable de la remodelación de la Unidad Deportiva de la calle 42.
 
En septiembre, Cortolima suspendió la operación de la concretera, ubicada en el sector de Mirolindo, justo al lado de un colegio cristiano en el que estudian 70 niños, ante las posibles faltas ambientales que estaría cometiendo. (Ver: Cortolima ordenó suspender actividades a la polémica concretera Boylam)
 
También, se investigaba si Boylam estaría violando el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), al estar ubicada dentro del perímetro urbano pese a la actividad industrial que realiza.
 
Pero fueron suficientes menos de 45 días para que Cortolima legalizara la operación de la próspera empresa del político local y del polémico contratista de la Unidad Deportiva de la calle 42, les levantara la suspensión de actividades y conceptuara que es el colegio de niños cristianos el que debe ser reubicado. (Ver: La concretera Boylam, invasora y contaminante pero nadie se atreve a tocarla)
 
Expertos consultados por ELOLFATO.COM aseguraron que nunca antes una entidad como Cortolima, que tiene un volumen de trabajo tan alto, había expedido tantas resoluciones en favor de un presunto infractor ambiental, en un corto periodo de tiempo.
 
“Así las cosas, tanto la línea base de monitoreo de calidad de ruido ambiental como el uso del suelo presentados por el solicitante se encuentran ajustados a cada uno de los requisitos y características exigidas para el desarrollo de la actividad desplegada por la Sociedad BOYLAM CEMENTOS Y CONCRETOS SAS., en especial cuando el suelo del lugar donde se ubica la planta dosificadora de concreto pre- mezclado obedece a un uso industrial donde al comparar los impactos generados por la actividad planteada, los mismos se enmarcan en las características consideradas como de bajo impacto”, determinó Cortolima a través de la resolución 2630, del primero de octubre, con la que le otorgó la licencia de emisiones atmosféricas.
 
Este concepto coincide fielmente con la defensa que ha hecho el exconcejal Liberal Óscar Berbeo, quien dice -en público y en privado- que tiene ‘amigos’ tanto en Cortolima como en la Alcaldía de Ibagué, y que esas buenas relaciones le permitirían continuar con su negocio adelante, como finalmente ocurrió.

Resoluciones cuestionadas por la Procuraduría 

Yenny Rubiano, directiva de la institución educativa, interpuso recursos de reposición en contra de las resoluciones de Cortolima pero sus argumentos no prosperaron.
 
La directiva del plantel educativo contrató ingenieros ambientales y expertos en planeación territorial y derecho urbano, quienes elaboraron detallados estudios que dejan al descubierto supuestos vacíos legales de Cortolima.
 
Estas presuntas irregularidades ya fueron puestas en conocimiento de la Procuraduría Ambiental y Agraria del Tolima, y de inmediato respaldó la reclamación de la institución educativa.
 
El pasado 19 de noviembre, el procurador Ambiental Ernesto Cardoso le envió una comunicación al director de Cortolima, Jorge Enrique Cardoso, en la que le informa que su despacho respalda la solicitud de revocar los permisos a la concretera Boylam. (Ver carta del Procurador Ambiental)
 
En la misiva, el representante del Ministerio Público dijo: “Es indiscutible que la actividad permitida genera altos índices de contaminación atmosférica y sonora, altera considerablemente la movilidad del sector y coloca en riesgo la seguridad de vehículos y peatones que por allí circulan”.
 
Igualmente cuestionó que la autoridad ambiental poco o nada se interesó en la salud y la protección de los 70 niños que estudian en el colegio, y aseguró que Boylam puede continuar adelantando su actividad en otra zona de la ciudad “donde no vulnere ni amenace derechos colectivos de gozar de un ambiente sano”.