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Los hechos evidencian que los diálogos regionales han sido más eficientes y productivos que los diálogos nacionales. Esto se debe a que la mayoría de ciudadanos marchantes son ajenos al autoproclamado “Comité Nacional de Paro”, coordinándose en formas de organización horizontal, sin directriz sindical, gremial u orientación política específica.
Estas formas de coordinación, denominadas “asambleas populares”, aún están en proceso de ser 100% vinculantes y, hasta el momento, no han construido una agenda o pliego de exigencias nacional.
Teniendo esto presente, lo primero que las autoridades locales y departamentales deben hacer es buscar construir canales de comunicación con el pleno de la asamblea, identificar la multiplicidad de sectores que la componen y estudiar las relatorías elaboradas, donde se han consignado las inquietudes, reclamos, dudas y exigencias de todas las personas que en ellas han participado.
En segundo lugar, la voluntad de dialogo debe ser real, firme y consistente en el tiempo, este elemento ha permitido, por lo menos en el caso de la Gobernación del Tolima, que tenga respuesta a las invitaciones convocadas, así sea para decirle que la intención de dialogar o negociar existe siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones específicas.
No obstante, en el caso de la administración municipal la situación ha sido mucho más difícil, debido a las contradicciones, inconsistencias, intermitencias y cambios constantes de posición que el mandatario local ha expresado respecto al tema.
“Los últimos hechos son incitados por el odio y la falta de información, ustedes (sin dar nombres) han incitado a muchos jóvenes, generando terror y pánico en el país”, expresó el alcalde en alocución del 4 de mayo. Luego, el 6 de mayo, publicó en sus redes: “Hoy hago un llamado a la reconciliación, es hora de que trabajemos en equipo y dialoguemos”.
Posteriormente, el 19 de mayo, señaló ante un medio de comunicación regional que: “La Fiscalía debe intervenir para que judicialicen a los que bloqueen las vías”, refiriéndose a los cierres de la calle 60. Por último, el 30 de mayo, a través de su cuenta de twitter, escribió: “Pido perdón, por todo lo que ha sucedido en nuestro país, de lado y lado, ningún acto de violencia es justificable”, “Hago un llamado a los ciudadanos, para que podamos establecer un diálogo pacífico, en el que nos entendamos y lleguemos a soluciones de corto, mediano y largo plazo para salir adelante”.
Aunque es un acto valeroso acompañar la última invitación de diálogo con un mea culpa, los constantes cambios de posición restan credibilidad y crean un grueso margen de incertidumbre respecto a la claridad que tiene el mandatario local frente a la situación que vive la ciudad.
Por ello, no es una sorpresa que los manifestantes, líderes y voceros, estén aún reacios a interlocutar con la administración municipal.
Por último, es necesario de abordar el problema con una óptica más objetiva, integral, humana y colaborativa. Esto no es un simple problema de orden público, acá hablamos de una ciudad con altísimos índices de desempleo juvenil, defectuoso acceso a servicios públicos, precaria calidad y pertinencia educativa, ausencia de políticas integrales en materia de salud mental y una difícil sostenibilidad empresarial.
En ese sentido, ningunear a una juventud con objetivas dificultades es incendiario. Dialogar en un reconocido establecimiento de la ciudad cercena la posibilidad de participar a las personas de barrios humildes y establecer diálogos con allegados, socios, simpatizantes o contratistas es un saludo a la bandera. Recuerde alcalde que el dialogo y los consensos se construyen con el contrario.
Aunque el panorama parezca nublado, si se tienen en cuenta estos aspectos, podremos dar importantes pasos para avanzar y encontrar caminos en la búsqueda de las mejores soluciones para los ibaguereños.
