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Cajamarca: captura y corporativización del Estado

El domingo en Cajamarca no ganó ni perdió ningún candidato a la alcaldía: ganó una multinacional y perdió la política, así recordaremos la elección atípica del 12 de marzo: como otra muestra de la silenciosa captura del Estado por parte del capital trasnacional.

Lo de Anglogold Ashanti el domingo no es para nada distinto del caso de Odebrecht, hoy célebremente conocido en Colombia y América Latina por financiar elecciones para recibir multimillonarias licitaciones. (Ver: Odebrecht muestra una nueva modalidad de captura del Estado)

En este caso, no será una licitación lo que Anglogold reciba por parte de la alcaldía, sino la licencia social que necesita para poder legitimar su proyecto ante la comunidad. Y para eso necesita un alcalde de bolsillo, o por lo menos uno que no le haga ruido.

Para nadie es un secreto la manera como el desaparecido William Poveda trabajó con la multinacional: reunía a las comunidades, les preguntaba qué problemas querían resolver para luego advertirles que, a falta de recursos públicos, él sabía quién podía ayudarles: Anglogold.

Así mantuvo divididas a las veredas y “neutralizados” a los ambientalistas, a quienes responsabilizó y estigmatizó permanentemente como palos en la rueda del progreso de Cajamarca.

Con el continuismo de esa política, se consolida lo que algunos académicos y activistas han denominado “Estado corporativo” o “neocorporativismo”. Se trata de una progresiva reconfiguración del Estado, cuyo propósito es profundizar el modelo económico vigente, basado en la importación de comida y la exportación de materias primas.

Esto es evidente no solo por la descarada intervención en política de las multinacionales, sino por la progresiva re-centralización del Estado, la entrega de los territorios a las empresas, la figura de utilidad pública como patente para el despojo de tierras, la privatización de las fuerzas militares ahora reducidas a la vigilancia de los megaproyectos y la entrega de las finanzas públicas para los negocios privados. (Ver: La hipótesis del Estado corporativo)

En el caso de Cajamarca y el proyecto minero La Colosa, parece que la pretensión de Palacio de Nariño frente al abandono del territorio es profundizarlo, pero no para que las comunidades se autogestionen, sino para entregarlo en comodato a una multinacional minera.

El negocio es fácil y muy rentable para las partes, aunque terriblemente negativo para quienes no nos interesa estar en él:

  • la empresa, actuando soberanamente sobre el territorio, se lleva el oro y otros metales preciosos. A cambio, asume funciones de Estado.
  • Palacio de Nariño, por su parte, se queda con los recursos de las regalías que, gracias al nuevo sistema de distribución, podrá repartir diferencialmente de acuerdo con sus intereses electorales. De esa repartija se benefician los políticos regionales y locales.

En resumen: la multinacional registra multimillonarias ganancias y los políticos ganan y ganan elecciones.

La consulta popular minera

La campaña de Julio Roberto Vargas no se puede entender al margen del movimiento socioambiental. Su postulación a la alcaldía obedeció al rumbo estratégico que han tomado las comunidades y las organizaciones que lo componen, que gracias al acumulado de 10 años de movilización en contra del megaproyecto, han decidido disputar el poder local y los espacios formales de decisión.

Esto explica que su candidatura no haya rivalizado con un candidato en particular, ni con los cajamarcunos vinculados a esa campaña o a los cargos de la burocracia municipal, sino directamente con la empresa multinacional.

Entonces, el debate electoral que vimos el pasado domingo, antes que una pelea a muerte por el prestigio personal, el erario público o los contratos, fue un nuevo capítulo del antagonismo entre Anglogold Ashanti y el movimiento socioambiental.

Ese capítulo continúa el próximo 26 de marzo, cuando se celebre la consulta popular minera que le permitirá a los cajamarcunos decidir si quieren que en su territorio se lleven a cabo procesos mineros a gran escala, que utilicen materiales tóxicos para llevar a cabo la extracción mineral.

Las cada vez más multitudinarias marchas carnaval, la consulta popular de Piedras, los foros y audiencias realizadas en todo el Tolima para frenar los proyectos mineroenergéticos, y los 4.451 votos producto de la alianza social y política que respaldó la candidatura de Julio Roberto Vargas, son indicativos de la buena salud con la que el movimiento socioambiental llega a la consulta.

Ya veremos.

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