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Avance en inversión, retroceso en garantías electorales

El Presupuesto General de la Nación 2022 se presentó ante el Congreso de la República después de un año atípico para el país, el impacto del COVID-19 en 2020 conllevó a la peor caída del PIB de la que se tenga registro, así como una fuerte afectación en el mercado laboral. 

Los esfuerzos en la disminución de la pobreza también se vieron comprometidos, el deterioro del mercado laboral afectó principalmente a jóvenes y mujeres. La respuesta del Gobierno para enfrentar la pandemia llevó a un deterioro del balance fiscal y a aumentar la deuda, para lo que el gobierno y el Congreso aprobaron la Ley de Inversión Social o reforma tributaria por valor de $15,2 billones.

El Congreso aprobó el presupuesto de 2022 por un valor de $350,4 billones lo que representa un aumento de 5,3 % frente a la cifra del 2021. De estos, el presupuesto de inversión llegará a $69,6 billones, con un incremento de $11 billones respecto a 2021. 

La mitad de este presupuesto, es decir, unos $35 billones, se va a destinar a programas sociales. Para gastos de funcionamiento, el presupuesto 2022 contempla recursos por $209,1 billones, y para el servicio de la deuda $71,7 billones.

El detalle muestra que educación quedó con $49,5 billones, defensa y policía $34,7 billones, hacienda $24,3 billones, inclusión social y reconciliación $23,2 billones, transporte $13,6 billones, rama Judicial $5,8 billones y minas y energía $5,7 billones. 

Durante el periodo 2000-2022 la tendencia de crecimiento de la inversión en Colombia es evidente, en 2000 la inversión fue de $7.621 billones y en 2021 $58.625 billones. 

El crecimiento de la inversión pública busca impulsar un círculo virtuoso de mayor capacidad productiva, mayor generación de empleo y mayor protección a los sectores más vulnerables de la población. El presidente Duque ha logrado aumentar el presupuesto de inversión en más de 10 billones de pesos en lo corrido de su gobierno, hay avances en este aspecto.

Una mejora importante es que se incluyen en la Ley de presupuesto las políticas de Estado que impulsarán la lucha contra la pobreza y la desigualdad del país. Este presupuesto garantiza la continuidad de los programas de gasto más importantes para los colombianos, como Familias en Acción, subsidios de vivienda, régimen subsidiado de salud y los programas de inclusión social y reconciliación.

Ahora bien, ya se escuchan varias advertencias que deben estar en la agenda política electoral de los candidatos presidenciales: ¿Qué déficit fiscal dejará el presupuesto general? El exministro Mauricio Cárdenas afirmó que será de 78 billones de pesos. De los actuales programas sociales, financiados para la vigencia de 2022, ¿Cuáles se van a mantener y de dónde saldrá su financiación? Obviamente la respuesta tendrá que ser real y concreta, es decir, no cabe el populismo. 

La aprobación del PGN trajo consigo la eliminación de la ley de garantías para el caso de los acuerdos interadministrativos entre la nación y las entidades territoriales para ejecutar recursos públicos. 

La norma aprobada establece que los convenios que se suscriban bajo el amparo de la disposición serán objeto de control especial por parte de la Contraloría General de la República. No hay duda que es un retroceso en las garantías electorales. 

En todo caso, las otras prohibiciones, como la contratación de OPS y otros tipos de contratos siguen tal y como la ley de garantías lo establece. De todos modos, esta situación deberá contar con el control constitucional.

 

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