Aprobarán fotomultas y las cifras no cuadran

Todo está cocinado. El próximo sábado, el Concejo de Ibagué le entregará facultades al alcalde Luis H. Rodríguez para que concesione, por lo menos durante 10 años, la instalación y operación de 22 cámaras para ‘cazar’ infractores de tránsito.
 
Este negocio, propuesto por la administración local, deja más preguntas que certezas. Aun así, la mayoría de concejales consultados por ELOLFATO.COM están listos para votar favorablemente la iniciativa.
 
De esta manera, el alcalde Luis H. Rodríguez, quien deja el cargo en 15 meses, tendrá como plazo de un año para adjudicarle a un contratista este ‘jugoso’ negocio durante una década, como mínimo.
 

Las cifras no cuadran

Hasta el momento, nadie sabe a ciencia cierta cuánto dinero ganará el concesionario y cuál será el porcentaje que recibirá la secretaría de Tránsito de Ibagué por las multas que se impongan a través de estos dispositivos electrónicos.
 
El estudio que presentó la secretaría de Tránsito sostiene que las 22 cámaras detectarían 289 mil infracciones anualmente y calculan que cada multa costaría en promedio 294 mil 750 pesos. Con esas cuentas, el negocio sería de 85 mil millones de pesos cada 12 meses.
 
De esa suma, el 40 por ciento sería para la Alcaldía de Ibagué y el 60 por ciento para el afortunado concesionario, cuando no pague por las buenas. Si el infractor cancela de manera voluntaria se repartirían el ingreso por partes iguales (50-50).
 
Pero la secretaria de Tránsito, Martha Pilonieta, tiene otras cuentas. En una entrevista a la emisora Ecos del Combeima, la funcionaria sostiene que del total de fotomultas, sólo el 20 por ciento podrían cobrarse efectivamente. El 80 por ciento restante no se podría aplicar porque las fotos no son claras, no se pueden identificar las placas o porque no ubicaron los datos del infractor, entre otras razones.
 
Según los cálculos de la señora Pilonieta, de los 289 mil infracciones proyectadas, sólo servirían 57 mil 800. Osea que el negocio anual sería de 17 mil millones de pesos, si estimamos que la multa cueste en promedio 294 mil 750 como dice el estudio. Aunque ella, ahora dice que hay muchas tarifas y que no puede haber un valor determinado del valor de cada comparendo.
 
Otra cifra tiene el concejal conservador Carlos Portela, presidente de la Comisión de Presupuesto. Él dice que las cámaras permitirían cobrar el 60 por ciento de las infracciones detectadas y no el 20 por ciento que afirma la secretaria de Tránsito.
 
Y si fuera con el 60 por ciento de Portela, el ingreso anual sería de 50 mil millones de pesos de recaudo por las fotomultas. 
 
Pero hay más. Para el concejal Jorge Bolívar, las fotomultas sólo generarían ingresos por 6 mil millones de pesos y ese es el valor que se repartirían entre las partes.
 
En conclusión: nadie puede tener clara la ganancia. Pero eso parece no importarles a los concejales quienes están listos para darle la palmadita al pupitre y recibir el abrazo del Ejecutivo.
 

¿La voltereta de los concejales?

Misteriosamente, cuatro de los concejales que lideraron el hundimiento del proyecto de la semiprivatización de la secretaría de Tránsito en abril pasado, en el que también estaba el tema de la concesión de las fotomultas, ahora sí les gusta la idea de entregarle a un particular uno de los negocios más rentables de esta dependencia.
 
En ese momento se rasgaban las vestiduras y decían que no estaban de acuerdo con que se les entregara a los inversionistas privados los “negocios pulpitos” del Municipio. 
 
Pero en sólo tres meses cambiaron de parecer. Ahora dicen, abiertamente, que respaldarán esta concesión. Ellos son: Carlos Portela, Diana Jaidy Castro, Yuri Cuadros y Jorge Bolívar.
 
Todos argumentan que este proyecto es distinto porque sólo concesionarán las fotomultas y no todo el paquete con las grúas, los parqueaderos, los trámites y las zonas de estacionamiento (zonas azules).
 
El concejal Portela anuncia su voto positivo pero si la concesión es a 10 años y el porcentaje de ganancia de la alcaldía es del 60 por ciento, y no del 40 por ciento.
 
La misma opinión tiene Diana Jaidy Castro. Ella, sin embargo, reconoce que puede haber cifras “infladas” en el estudio que presenta la secretaría de Tránsito.
 
Otra que cambió de parecer es Yuri Cuadros. La concejal cristiana dice la concesión no debe ser por 20 sino por 15 años. Finalmente, Jorge Bolívar también propone 15 años de concesión y exalta los beneficios económicos que traería ese contrato para el municipio.
 

¿Otro Presea?  

 
Así las cosas, el Concejo de Ibagué premiará a la administración de Luis H. Rodríguez, la misma que le entregó la operación comercial de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL) a la polémica firma Presea y que hoy está siendo investigada por el presunto incumplimiento de sus obligaciones.
 
Recordemos que el gerente del IBAL, Carlos José Corral, ordenó abrir una investigación administrativa contra PRESEA por múltiples irregularidades detectadas por la interventoría del contrato, por la dirección Control Interno y revisoría fiscal de la empresa.
 
El expediente deja al descubierto que este contratista podría meter en graves problemas al IBAL con la DIAN y la misma Superintendencia de Servicios Públicos porque no existen reportes de información comercial ni financiera.