Alcalde Jaramillo le hizo el quite a la pregunta sobre el convenio de tránsito

Evasiva. Así fue la actitud del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo cuando se le consultó sobre el convenio entre la secretaría de Tránsito Municipal y la Policía Nacional, que completa tres meses sin renovarse.

Pese a la relevancia del tema, el mandatario prefirió no extenderse y dar una corta respuesta a la pregunta sobre los avances en este trámite. "Está en el despacho del general Nieto (Director de la Policía Nacional)", fue el breve pronunciamiento de Jaramillo. (Ver: Policía no firma convenio de tránsito con la Alcaldía de Ibagué por mala paga)

Esa breve mención la hizo en una rueda de prensa que citó este jueves para hablar durante casi dos horas sobre su visita oficial a Alemania, en donde participó a un foro, casualmente, sobre movilidad sostenible.

Sobre ese recuente viaje, Jaramillo aseguró que pretende convertir a Ibagué en la ciudad verde de Colombia y para ello promoverá el uso de la bicicleta, tal y como lo han hecho las autoridades alemanas.

Lo que preocupa de esta situación es que mientras el alcalde opta por no profundizar en el tema, en Ibagué los conductores siguen circulando en estado de embriaguez, pasándose los semáforos en rojo, evadiendo la restricción de 'pico y placa' y cometiendo otras infracciones que afectan la movilidad y la seguridad en la ciudad. (Ver: Colapsó el centro de Ibagué y los agentes de Tránsito... desentendidos)

Por su parte, el secretario de Gobierno de Ibagué, Hugo Ernesto Zárrate, afirmó que lo más probable es que el convenio se firme este viernes. Sin embargo, un anuncio similar lo hizo hace dos semanas ante distintos medios de comunicación sin que hasta el momento se haya conocido una solución definitiva.

El mencionado convenio venció el pasado 11 de julio y ha generado pérdidas en las finanzas del municipio, toda vez que los ingresos de comparendos por infracciones de tránsito disminuyeron significativamente entre julio y septiembre de este año.

Según la Cámara de Comercio de Ibagué, el detrimento patrimonial alcanzaría los $1.000 millones.