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Carolina Arciniegas es una brillante y experimentada funcionaria judicial que está al frente de la Fiscalía General de la Nación en el Tolima desde el 18 de abril de 2024.
Gracias a su trabajo, la entidad ha avanzado en muchas investigaciones y se ha dado resultados positivos en la lucha contra la delincuencia en el departamento del Tolima.
Sin embargo, hay un asunto que está generando preocupación en la ciudad y que es necesario prestarle atención.
Los escasos resultados presentados por la unidad de delitos contra la Administración Pública, han generado múltiples comentarios sobre presuntos hechos de corrupción al interior de esta división.
A EL OLFATO han llegado durante las últimas semanas informaciones sobre la presunta entrega de contratos de la Alcaldía de Ibagué para familiares de funcionarios de la Fiscalía, presuntamente para silenciar a los funcionarios y frenar las investigaciones que se adelantan por asuntos hechos de corrupción en la administración del exalcalde Andrés Hurtado y en el gobierno de la alcaldesa Johana Aranda.
En octubre del año pasado, durante la campaña de la alcaldía de Ibagué, el excandidato Marco Emilio Hincapié dio a conocer un contrato que le entregó la administración del exmandatario Hurtado a la familia de una investigadora de la unidad de delitos contra la Administración Pública.
En esa denuncia, Hincapié reveló que la investigadora del CTI, Omaira Méndez Losada, se habría visto beneficiada con la adjudicación de contratos que suman $1.670 millones a la empresa SARA LTDA, encargada de prestar servicios de vigilancia en todas las sedes de la E.S.E.
Según reveló el candidato, el primer contrato fue entregado dos semanas después de que la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué revocó la absolución de Daniel Cadena Ortiz, primo de la esposa de Andrés Hurtado.
Por estos hechos la ciudadanía no siente confianza y la impunidad gana cada vez más espacio de Ibagué, una ciudad maltratada y empobrecida por la clase política tradicional.
Desde la partida de la fiscal Claudia Chalarca, la unidad de delitos contra la Administración Pública parece haber perdido su rumbo y el impulso de las investigaciones es casi imperceptible.
Ojalá la doctora Carolina pueda identificar si es cierto el supuesto ‘maridaje’ entre la contratación de la Alcaldía de Ibagué y algunos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, porque la ciudadanía no aguanta más.
La mayoría de servidores públicos del CTI y la Fiscalía seccional Tolima son profesionales, dedicados y honestos, pero, como en todas las entidades, hay manzanas podridas que hacen mucho daño.
