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A través de pagos indebidos, ‘desparecieron’ $718 millones en la Secretaría de Salud del Tolima

La Contraloría General de la República puso al descubierto un entramado que se montó para defraudar las finanzas de la salud en el departamento.
Investigación
Autor: Unidad Investigativa
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Unidad Investigativa
Foto: Contraloría General

Una campaña de salud para prevenir el contagio del Zika y el Chikunguña en por lo menos 11 municipios del departamento terminó siendo un nuevo foco de corrupción, en el cual ‘desaparecieron’ $718 millones del presupuesto de la Gobernación del Tolima, correspondiente al año 2016.

Una investigación de la Contraloría General de la República determinó que en la ejecución del convenio 637 de 2016, suscrito entre la Secretaría de Salud del Tolima y el Hospital San Juan Bautista de Chaparral, por $1.000 millones, se desviaron irregularmente $718 millones. En ese monto se fijó el presunto detrimento patrimonial.

De acuerdo con el expediente, la secretaria de Salud del Tolima, Sandra Liliana Torres, confió esas tareas de prevención al Hospital de Chaparral, pero esta entidad terminó siendo utilizada para triangular recursos públicos.

La exgerente de este centro asistencial Ángela Maritza López subcontrató la ejecución del convenio con la polémica empresa Fundasalud, cuyo propietario es Marco Antonio Ramírez, quien tiene detención domiciliaria por conformar una organización dedicada al tráfico de medicamentos vencidos. (Cayó Marco Antonio Ramírez, el hombre fuerte detrás de la polémica entidad Fundasalud)

Esa triangulación de recursos fue denunciada por EL OLFATO hace un año y medio. (Descubren ‘triangulación’ de recursos en la Secretaría de Salud del Tolima)

Pagos indebidos a Fundasalud

Según la Contraloría, en este convenio se estructuró un plan para cobrar bienes y servicios que no se ejecutaron. Asimismo, utilizaron a los habitantes de esos municipios para que adelantaran las obligaciones del contratista, sin pagarles un solo peso.

De esta manera se invirtieron $573 millones en “actividades cobradas, pagadas y cuya ejecución no está evidenciada”, sostiene el ente de control.

A esta cifra, se suman $140 millones que pagó Fundasalud a unos proveedores ficticios para la recolección de inservibles y el transporte de personal. Quienes supuestamente prestaron esos servicios negaron -por escrito- haberlo hecho.

“Una vez analizada la información recopilada por parte del equipo auditor, se evidenció que el Hospital San Juan Bautista de Chaparral pagó indebidamente a esta IPS (Fundasalud), la suma de $718,6 millones, correspondiente al 77,26% del valor total de lo contratado ($930 millones)”, reiteró la Contraloría General de la República.

Usaron sillas y equipos de colegios públicos, pero los cobró el contratista

Los investigadores detectaron que este subcontratista cobró el alquiler de sillas, computadores, equipos de sonido y video beam, pero estos elementos los suministraban sin costo las instituciones educativas en donde se realizaban las charlas de prevención de estas enfermedades.

“Fueron las instituciones educativas, las IPS, las secretarías de salud, las que suministraron las sillas, el video beam, el computador y el sonido, ya que la mayoría de esas reuniones se realizaron en los auditorios de las instituciones educativas o en espacios que estaban dotados con estos elementos; además que no recibieron lapiceros, jugos, ponqués ni juegos didácticos”, relataron los funcionarios de la Contraloría.

Lo mismo ocurrió con el personal que supuestamente se encargó de la recolección de inservibles en varios municipios, y a quienes les cancelaron por esta tarea.

Sin embargo, la investigación determinó que este trabajo fue adelantado por la comunidad, los estudiantes, los policías y las empresas de servicios púbicos de cada municipio.

Y como si fuera poco, Fundasalud contrató a la Fundación Renacer al Tolima para que adelantara talleres de sensibilización, “pero se evidenció que no hubo presencia de personal en los lugares donde se debió adelantar la capacitación. O sea que se cobró y se recibió pago por servicios que nunca se prestaron”.

Pese a que estas irregularidades son de conocimiento público hace más de 18 meses, no se conocen resultados de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía seccional Tolima.