A prisión 'lobista' de Jaramillo por presuntos hechos de corrupción
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Una de las personas que le hablaba la oído al alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, puntualmente en temas como las zonas azules, fue enviado a prisión por presuntos hechos de corrupción.
Se trata del exalcalde del municipio de Santa Rosa de Cabal, Carlos Eduardo Toro Ávila, a quien la Fiscalía le imputó cuatro delitos, entre estos, peculado por apropiación y contratos sin cumplimiento de los requisitos legales .
Lo anterior, al parecer, por irregularidades en la suscripción de un convenio en 2015 para la construcción de 8.051 viviendas de interés social.
La influencia de Toro Ávila en la Alcaldía de Ibagué, era tal que aunque no tenía una vinculación contractual -directa- con la Alcaldía de Ibagué, participaba en los consejos de gobierno de Jaramillo en 2018.
Además, logró la vinculación de su esposa, Luz Ángela Marín Loaiza, a través de la Secretaría de Planeación, para que hiciera gestión y seguimiento a proyectos de la Administración municipal.
Su compañera sentimental continúa aún vinculada a la Alcaldía de Ibagué, bajo el contrato 1357 del 6 de marzo y que irá hasta agosto.
Por otra parte, Carlos Eduardo Toro Ávila, ofreció sus servicios de lobista en el viaje realizado por funcionarios de la Gestora Urbana, en octubre de 2018, supuestamente sin interés alguno, para que sostuvieran reuniones y conocieran cómo funcionaban las zonas azules tanto en Manizales como en Santa Rosa de Cabal. (Ver: ¿Pretenden montar licitación 'chaleco' para el millonario contrato de las zonas azules de Ibagué?)
Coincidencialmente, la Gestora Urbana había publicado el 24 de octubre la licitación para concesionar el millonario negocio de las zonas azules a un privado.
Sin embargo, el 6 de noviembre y una vez finalizó el viaje a Santa Rosa de Cabal y Manizales -al que asistió Toro Ávila-, la Gestora Urbana descartó la licitación.
Las autoridades no han dado visos frente al por qué de la injerencia de Carlos Eduardo Toro Ávila, en el millonario contrato que pretendía concesionar las zonas azules en Ibagué.
