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La reforma tributaria sigue aglutinando divergencias, reparos y rechazo, pues tocar el bolsillo del ciudadano en un escenario de recesión económica es, a todas luces, una medida impopular, despiadada e inaceptable.
La reforma es un despropósito, premisa compartida incluso por las fuerzas políticas que en algún momento recibieron cuota ministerial y hoy hacen un paso al costado. Incluso, el mismo partido de Gobierno, artífice y creador del actual mandatario colombiano, se baja del barco disimuladamente, pero sin ruborizarse.
La convicción de hacer pagar a los colombianos es un hecho premeditado, no nace en el azar. Cuando presentaron las dos reformas anteriores, con un desbalance tributario que a la larga terminaría diluyendo “el recaudo adicional”, sabían perfectamente que alguien debía asumir los costos.
Fieles a la esencia que ha caracterizado estos años de desgobierno, terminaron eligiendo no al sistema financiero, ni mucho menos los grandes empresarios o terratenientes de nuestro país, sino al más “débil”: el ciudadano.
El lema de campaña “Menos impuestos más salarios” significó presentar una primera reforma tributaria con +0,5% del PIB en recaudo y con -1% del PIB en exenciones al gran empresario. Luego de su fracaso, presentaron una segunda reforma tributaria, sorprendentemente, con las mismas características.
Varios economistas advirtieron en el 2019 que debido al desequilibrio entre tributo y exención que tenía el segundo intento de reforma, para el año 2021 el Gobierno tendría que proponer una nueva. Más que clarividencia, magia o suerte, fue simplemente un ejercicio inferencial, luego de analizar su contenido.
En síntesis, con dos reformas fracasadas, una pandemia y un déficit que crece exponencialmente, el Gobierno Nacional Central tuvo la osadía de proponer una tercera reforma tributaria cuyo doliente principal será toda la ciudadanía.
En este nuevo desafortunado acontecimiento, lo más sano para la institucionalidad colombiana, además de hundir el proyecto, sería que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, renuncie. No solo por la improcedencia de su reforma, sino por el atrevimiento de querer obligar a los ciudadanos a pagar más impuestos, mientras su nombre aún aparece vinculado en los Panamá Pappers (escándalo internacional de evasión de impuestos).
Todo lo anteriormente expuesto suma al vasto número de motivaciones por las que el pueblo colombiano, sin sentirse acogido y representado en el ejecutivo o el legislativo, activa su derecho constitucional a manifestarse pacíficamente. El constituyente primario, desbordando el lecho del rio institucional, busca en la calle la democracia que no encuentra en la Casa de Nariño y que parece extraviarse en el Congreso de la República.
Lamentablemente, lo anterior no es una situación excepcional, pues el talante de este Gobierno hizo de la relación institución/ciudadano un mar de “idas y venidas, vueltas y revueltas”, como bien titula el libro del maestro Mauricio Archila.
El presidente de Colombia, Iván Duque, en los primeros 533 días de su mandato enfrentó 258 días de movilización, incluso en el año de la pandemia la ciudadanía salió a reclamar en 42 ocasiones.
Ahora en el año 2021, con la cereza del pastel: una reforma bastante lesiva para las familias colombianas, la indignación sale nuevamente a las calles, buscando respuestas, rumbo para la patria, un Congreso que se comporte a la altura, que legisle para los colombianos, un presidente que no los time, que gobierne para el pueblo y, por supuesto, sale a las calles para decirle no a la reforma tributaria. Los colombianos estamos emberracados. ¿Usted no?
