Procurador advierte a funcionarios públicos que hacer política es motivo de investigación
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El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, advirtió a los funcionarios públicos y a los particulares que ejercen funciones públicas, que la recolección de firmas en apoyo a la inscripción de candidatos o listas para las elecciones de 2018 es considerada una falta disciplinaria.
El jefe del Ministerio Público solicitó a los funcionarios del país cumplir la normatividad legal vigente, en especial la relacionada con la prohibición de hacer parte en actividades de partidos y movimientos, y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente su derecho al voto.
“Dicha conducta constituye falta disciplinaria por indebida participación en política y transgrede el principio de imparcialidad, al afectar el equilibrio que se debe mantener con respeto a los demás aspirantes”, argumentó el Procurador.
Asimismo, solicitó a los integrantes de los comités promotores y aspirantes a candidatos, que se abstengan de aceptar en el proceso de recolección de firmas, la participación de servidores y particulares que cumplan funciones públicas.
Igualmente, hizo un llamado a las autoridades electorales, en especial al Consejo Nacional Electoral, para que implementen las medidas respectivas y vigilar las actividades que se vienen cumpliendo por parte de grupos significativos de ciudadanos, durante la labor de recolección de firmas.
“Esta etapa no puede confundirse con las campañas propiamente dichas, las cuales según las Leyes 1475 de 2011 y 996 de 2005, solo pueden iniciarse una vez se hayan inscrito los candidatos”, afirmó el jefe del Ministerio.
El Procurador General recordó a los funcionarios del Ministerio Público las obligaciones de hacer cumplir el orden jurídico para lo cual deberán efectuar las tareas preventivas, disciplinarias y de intervención durante las etapas del proceso electoral.
Por último, invitó a la ciudadanía en general a participar activamente como veedora del proceso electoral y a denunciar irregularidades que comprometan la conducta de los servidores y particulares que ejerzan funciones públicas.
