Síguenos en Google News
Ya es hora que la Fiscalía General de la Nación revise qué hay detrás de la trama que montó el Concejo de Ibagué para no elegir Contralor y Personero en propiedad.
En dos años y tres meses se han presentado una cadena de hechos jurídicos, unos con sustento y otros no tanto, que han permitido que el alcalde de Guillermo Alfonso Jaramillo gobierne con unos entes de control conducidos por personas cercanas a él, como el personero (E) Juan Felipe Arbeláez y el contralor (E) Julio César Vásquez. Este último funcionario nació en el Líbano y creció haciendo política con la familia del mandatario. (Ver: Presidente del Concejo de Ibagué dice que elección del Personero quedó para 2018)
Todo inició en enero de 2016, cuando los concejales de la coalición de gobierno eligieron a como contralor a Ramiro Sánchez y como personero a Julián Prada, dos aspirantes que no obtuvieron las puntuaciones más altas en los concursos de méritos, pero que fueron escogidos porque se acomodaban al ‘ajedrez’ político de la administración local y el Concejo Municipal.
Pero lo grave no solo estuvo en hacerle ‘conejo’ a los concursos de méritos que se contrataron para seleccionar a los titulares de los órganos de control de la ciudad. Meses después, el Consejo de Estado tumbó las elecciones de Ramiro Sánchez y Julián Prada porque estaban inhabilitados para ocupar dichos cargos. Ambos habían suscrito contratos con el Estado, un año antes a su elección. (Ver: El Concejo de Ibagué es el ‘antipersonaje’ del 2017)
Y ahí empezó el limbo jurídico que tiene enredados a los cabildantes y a la ciudad sin Contralor y Personero en propiedad.
De nada sirvió el pronunciamiento del alto tribunal, que ordenó la posesión de los concursantes que obtuvieron las calificaciones más altas en frustrados concursos que desconocieron los concejales: Marcela Jaramillo (para la Contraloría) y Efraín Hincapié (para la Personería).
Según los estudiosos cabildantes, Jaramillo e Hincapié también están inhabilitados y entonces proponen abrir nuevos concursos de méritos para proveer esos cargos.
Pero hasta el momento, ninguna institución educativa en Ibagué está interesada en adelantar estos procesos, precisamente por el oscuro antecedente; y mientras tanto el alcalde Jaramillo seguirá gobernando con un personero y un contralor de confianza, un zar anticorrupción petrista que trajo de Bogotá y una jefe de control interno, Andrea Aldana, quien hasta el año pasado fue su secretaria Administrativa.
